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Consejo de Regidores del PRM defiende legalidad de transferencia presupuestaria aprobada en sesión extraordinaria en el Cabildo de Santiago

SANTIAGO.-El vicepresidente del Concejo de Regidores del Ayuntamiento de Santiago, Frank Medina, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), afirmó que la reciente sesión extraordinaria celebrada en el cabildo se llevó a cabo bajo el estricto cumplimiento de la Ley 176-07, que regula la administración municipal en la República Dominicana.
Explicó que durante dicha sesión, se aprobó una transferencia presupuestaria, la cual fue tramitada conforme a lo establecido en el artículo 340 de la ley 176-07, el cual señala que cuando una transferencia se realiza dentro del mismo capítulo presupuestario, no se requiere aprobación del Concejo. Sin embargo, si se trata de una transferencia entre capítulos distintos, es necesario contar con la opinión favorable de la Contralora del Concejo Municipal, quien ya había emitido su aprobación para dicha acción.
Puede ser una imagen de 1 persona, sala de prensa y texto que dice "FRANKMEDINA FRANK MEDINA VICE-PRES VICE-PRESIDENTE"
Respecto al tema del solar en discusión, Medina detalló que el artículo 60 de la misma ley faculta al alcalde de cada municipio a firmar contratos y realizar ventas, siempre que se cumplan las disposiciones legales pertinentes.
“El alcalde Ulises Rodríguez se ha caracterizado por una gestión institucionalista y apegada a la ley. Todo lo actuado en la sesión extraordinaria del día de ayer se hizo respetando la normativa vigente”, afirmó el regidor Medina.
El regidor Frank Medina, calificó como infundadas las críticas de sectores de la oposición que, según dijo, “buscan empañar la exitosa gestión del alcalde Ulises Rodríguez con informaciones que no se corresponden con la verdad”.
Bloque de Regidores FP en Santiago denuncian irregularidades tras venta de solar y transferencia de fondos

El bloque de regidores de la Fuerza del Pueblo (FP) de la Alcaldía en Santiago, denunció ayer viernes que una serie irregularidades se produjeron durante la reciente sesión del Concejo de Regidores, donde presuntamente se aprobó de manera apresurada, la venta de un solar municipal y una transferencia de fondos, violando los procedimientos establecidos en la Ley No. 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios.

“No permitiremos que se siga utilizando el Ayuntamiento para negocios opacos que benefician a unos pocos en perjuicio del patrimonio de Santiago”, declararon los regidores.

Los regidores de la FP señalaron que, se irrespetaron los plazos legales para la convocatoria de la sesión extraordinaria, lo que impidió una revisión adecuada de los puntos a tratar.

También, informaron que la agenda y los documentos de soporte, no se entregaron con anticipación, sino minutos antes de la sesión, vulnerando el derecho a la información y análisis previo.

Añadieron que la transferencia de fondos, se aprobó sin la discusión técnica ni financiera, con la falta de los justificativos.

En ese sentido, los regidores por la Fuerza del Pueblo, exigen la anulación inmediata de ambas decisiones por vicios de forma y fondo.

Además, de una investigación por parte de las autoridades competentes, incluyendo la Cámara de Cuentas y el Ministerio Público, para determinar responsabilidades.

Fijaron su posición, demandando que para las futuras sesiones haya mayor transparencia, con las convocatorias oportunas y acceso a las documentaciones con anterioridad.

En conclusión, los regidores informaron que, en sus próximos pasos, presentarán recursos administrativos para revocar los acuerdos y acciones legales ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA), si persiste la opacidad.

Además de, una denuncia penal por posible prevaricación y violación a la Ley de Libre Acceso a la Información Pública.

Venta ilegal del solar municipal

Declararon que, la venta del solar municipal, se realizó violando los requerimientos legales, como la publicación previa sobre la venta del terreno en un medio de circulación local y el anuncio de una subasta pública, como lo exige la Ley 176-07, siendo los mecanismos obligatorios para garantizar la transparencia y competencia.

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