SANTO DOMINGO. -El incremento de los operativos migratorios por parte de la Dirección General de Migración (DGM), con el apoyo de las Fuerzas Armadas, ha generado un notable incremento en la salida voluntaria de ciudadanos haitianos en condición irregular.
Zonas como Friusa y Mata Mosquito han sido intervenidas con acciones sostenidas que han llevado a cientos de extranjeros sin documentación a optar por abandonar el país antes de enfrentar detenciones y deportaciones.
Según datos oficiales, el paso fronterizo de Dajabón ha registrado un aumento superior al 300% en el flujo de ciudadanos haitianos que retornan a su país.
Durante el fin de semana, más de 600 personas en situación irregular decidieron regresar voluntariamente, llevando consigo lo poco que podían cargar, como mochilas y bolsas plásticas.
Las acciones en Friusa y Mata Mosquito incluyeron patrullajes, controles documentales y operativos casa por casa, realizados en coordinación con CIUTRAN, la Policía Nacional y cuerpos del Ejército Dominicano. Estas zonas habían sido identificadas como puntos críticos de alta concentración de migrantes irregulares.
El Ministro de Defensa, Carlos Fernández Onofre, supervisó personalmente varios de los operativos, destacando que las acciones se realizan con firmeza pero respetando los derechos humanos. “Estamos ejecutando acciones firmes para garantizar la soberanía nacional y la seguridad de las familias dominicanas”, afirmó.
Continuidad de las medidas
El Gobierno dominicano ha reiterado su compromiso con la aplicación responsable de sus políticas migratorias y la preservación del orden público.
Las autoridades han asegurado que los operativos continuarán desarrollándose de manera sostenida en todo el territorio nacional para restablecer el control en zonas afectadas por la migración irregular.
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El delito de tráfico ilícito de migrantes pasaría de una pena de entre 150 y 250 salarios mínimos, a un rango de 12 a 20 años de reclusión, con multas de entre 750 y 1,500 salarios mínimos del sector público, además de la inhabilitación de los derechos de ciudadanía
Se recuerda que el pasado domingo 6 de abril, el presidente Luis Abinader anunció una serie de medidas para enfrentar la migración ilegal y garantizar la soberanía nacional ante la crisis en Haití.
Una de las acciones anunciadas por el mandatario fue la presentación de una reforma al marco legal migratorio existente, la cual debe ser conocida con carácter de urgencia por el Congreso Nacional.
El consultor jurídico del Poder Ejecutivo manifestó que, con este depósito, el presidente cumple de forma inmediata con la cuarta de las medidas anunciadas.
Explicó que el objetivo de esta iniciativa es modificar de manera puntual los artículos 2, 5, 6 y 7 del texto legal, con el fin de precisar los elementos que constituyen el tráfico ilícito de migrantes, establecer nuevas penas y adicionar circunstancias agravantes tanto para el autor principal como para el cómplice.
Peralta Romero indicó que, en el artículo 2, se amplía la definición y y se agregan los elementos constituyentes de tráfico
ilícito de migrantes, debido a que la contenida en la ley vigente impide la eficiente persecución por parte del Ministerio Público y aplicación de las normativas correspondientes.
Asimismo, el artículo 5 introduce la tipificación de delitos por omisión, estableciendo que se considerarán penalmente responsables aquellas personas que, por deber legal o vínculo con la víctima, omitan actuar para evitar el daño.
Se detallan condiciones específicas, como la asunción voluntaria de protección o vigilancia, o la creación previa de una situación de riesgo para el bien jurídico protegido. La omisión será penalizada cuando el daño producido sea equiparable al resultado de una acción directa.
En el artículo 6, se redefine la participación del cómplice en la comisión del crimen de tráfico ilícito de migrantes.
De igual forma, el artículo 7 incorpora nuevas circunstancias agravantes aplicables tanto al delito de tráfico ilícito de migrantes como al de trata de personas. Estas incluyen la relación entre el autor y la víctima, el grado de vulnerabilidad de la víctima, la gravedad del daño causado y los medios utilizados para cometer el delito.
También se incrementan las penas cuando concurren estas agravantes, tanto para los autores principales como para sus cómplices.
De ser aprobada la iniciativa del Poder Ejecutivo, se producirá un endurecimiento significativo de las sanciones a los infractores y se fortalecerá el marco legal contra este flagelo.
“El delito de tráfico ilícito de migrantes pasaría de una pena de 10 a 15 años de reclusión y una multa de entre 150 y 250 salarios mínimos, a un rango de 12 a 20 años de reclusión, con multas de entre 750 y 1,500 salarios mínimos del sector público, además de la inhabilitación de los derechos de ciudadanía”, explicó el consultor jurídico.
Asimismo, se incrementan las sanciones para los cómplices y se incorporan agravantes adicionales, como el uso de armas, el daño a personas adultas mayores o la muerte de la víctima del tráfico, “estas circunstancias podrían conllevar penas de hasta 40 años de prisión y multas de hasta 6,000 salarios mínimos”.
Por su lado, el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, afirmó que se trata de un problema nacional que preocupa a todos los ciudadanos.
Señaló que el presidente de la República, en su alocución, expresó con claridad que este proyecto de ley debe ser aprobado con carácter de urgencia. “En un tiempo relativamente corto, vamos a aprobar este proyecto de ley, dada la importancia que representa para la República Dominicana”, expresó.
