BOGOTÁ.-Miles de botellas plásticas, latas de aluminio, papel y cartón inundaban la icónica Plaza de Bolívar en la capital colombiana durante una protesta con la que los recicladores buscan demostrar que sin su trabajo las ciudades y sus rellenos sanitarios colapsarían.
Nohra Padilla, presidenta de la Asociación Nacional de Recicladores, dijo que los trabajadores marginalizados reclaman mejores condiciones y atención gubernamental.
«Estamos pidiendo que las industrias paguen un precio justo por el material, que la ciudadanía y los gobiernos se den cuenta de que sin el trabajo de los recicladores los basureros se saturarían. Esta es sólo una pequeña muestra de lo que pasa», aseguró de The Associated Press desde la plaza.«Estamos pidiendo que las industrias paguen un precio justo por el material, que la ciudadanía y los gobiernos se den cuenta de que sin el trabajo de los recicladores los basureros se saturarían. Esta es sólo una pequeña muestra de lo que pasa», aseguró de The Associated Press desde la plaza.
Una parte de la Plaza de Bolívar, rodeada de las altas cortes y el Congreso, fue cubierta de 15 toneladas de material reciclable, una fracción de las 4.000 toneladas que se recuperan diariamente en Colombia, según la asociación de recicladores.
Padilla describió las precarias condiciones en las que trabajan, escarbando en la basura por hasta 15 horas diarias para recolectar entre 300 y 500 kilos de material reciclable. Después de recorrer hasta 10 kilómetros, entregan el material en una bodega para venderlo.
Por su jornada cada reciclador puede llegar a ganar entre dos y cinco dólares, subrayó la vocera. Se trata de una remuneración que no alcanza a sumar el salario mínimo que en Colombia es de 348 dólares mensuales.
«Nadie controla los precios, por eso las industrias los bajan como se les da la gana», señaló Padilla en referencia a las empresas que compran el material de reciclaje como materia prima para sus procesos.«Nadie controla los precios, por eso las industrias los bajan como se les da la gana», señaló Padilla en referencia a las empresas que compran el material de reciclaje como materia prima para sus procesos.
También reclaman al gobierno mayor atención y el pleno cumplimiento de sentencias de la Corte Constitucional que han reconocido a los recicladores como uno de los grupos «oprimidos y excluidos» y ha instado al Estado a implementar programas de ayuda.
