SANTO DOMINGO. -La Corte de Apelación del Distrito Nacional rechazó la recusación presentada por Ángel Martínez contra el juez Reymundo Mejía, quien conoce la solicitud de medida de coerción contra el comunicador acusado de presunta difamación e injuria a la ministra de Interior y Policía, Faride Raful.
La información la dio Carlos Mesa, abogado de Martínez, y quien adelantó que continuarán con la recusación ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ).
No obstante, la audiencia sobre la solicitud de medida de coerción será mañana miércoles, tras confirmarse a Reymundo Mejía, del Primer Juzgado de Instrucción, lo que Mesa consideró como un «absurdo».
Sostuvo que el magistrado “mutiló” el acta de audiencias ya realizadas al excluir los argumentos para la recusación.
La ministra acusa a Martínez de violar los artículos 21 y 22 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, así como el 367 del Código Penal, de difamación e injuria, a través de su canal de YouTube.
La misma acusación se hace contra la youtuber Ingrid Jorge, la Torita, pero esta querella la conoce el Sexto Juzgado de Instrucción, cuya jueza, Yanibet Rivas, también fue recusada por la youtuber, por alegada imparcialidad.
La funcionaria exige una indemnización de 100 millones de pesos por daños y perjuicios contra ambos youtubers, quienes han adelantado que no poseen recursos en caso de ser condenados.
Otra recusación
La recusación contra la jueza Yanibet Rivas se hizo el pasado viernes durante el conocimiento de medida de coerción por alegada parcialidad de la magistrada en el proceso.
Según el abogado de Ingrid Jorge, alia la Torita, Enrique Santelises, la recusación fue presentada luego que la magistrada rechazara una recusación contra el Ministerio Público, al que acusa de actuar de manera «aviesa» al no poner en la solicitud de medida de coerción el monto de la garantía económica que pide, pero sí lo hizo en la audiencia del viernes.
Los tribunales han obligado a Martínez a permanecer en República Dominicana, tras la imposición en su contra de por lo menos tres medidas de coerción, un grillete y visitas constantes para que comparezca a los tribunales en diferentes provincias a enfrentar varias demandas y querellas hechas en su contra por difamación e injuria.
