CARACAS.- Acusada de forma habitual por violaciones a los derechos humanos, esta vez fue Venezuela la que alzó la voz para denunciar abusos contra cientos de sus ciudadanos en El Salvador, donde fueron deportados desde Estados Unidos tras un acuerdo para confinarlos en una cárcel de máxima seguridad.
Los venezolanos estuvieron encerrados en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la megacárcel para supuestos pandilleros del presidente Nayib Bukele y estrella de su política de mano dura. El viernes volvieron a Venezuela como parte de un canje de prisioneros entre Washington y Caracas que a cambio liberó a diez ciudadanos norteamericanos detenidos en Venezuela.
El gobierno de Nicolás Maduro denunció que los detenidos fueron víctimas de abusos sexuales, golpizas diarias, comidas podridas y otras formas de maltrato físico y psicológico, en abierta violación al acuerdo con Estados Unidos, que, según Caracas, incluía el compromiso de El Salvador de garantizar la integridad de los prisioneros.
El temible Cecot fue diseñado para albergar hasta 40.000 internos – Créditos: @Secretaría de Prensa de la Presidencia de El SalvadorEl fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, anunció la apertura de una investigación contra el presidente salvadoreño y otros funcionarios de su gobierno, a quienes acusó de cometer crímenes de lesa humanidad. Desde la noche del lunes, los migrantes comenzaron a reencontrarse con sus familiares. Tras su arribo, fueron sometidos a exámenes médicos, se les emitió una nueva cédula de identidad y están siendo entrevistados por el Ministerio Público.
Saab relató igualmente el “aislamiento en celdas inhumanas” sin “luz solar, sin ventilación” y “ataques sistemáticos de perdigones (balas de goma)”. Dijo que les daban comida podrida y agua no potable. No tuvieron nunca acceso a abogados o contacto con familiares. La denuncia coincide con la escalada represiva en El Salvador contra sus propios ciudadanos, como denunció la semana pasada una reconocida ONG.
Frente a las acusaciones, Bukele reaccionó con dureza y apuntó contra el gobierno venezolano por impulsar una investigación en su contra. “El régimen de Maduro estaba satisfecho con el acuerdo de intercambio; por eso lo aceptaron”, escribió en su cuenta de X.
Y añadió: “Ahora gritan y se indignan, pero no porque estén en desacuerdo con el trato, sino porque acaban de darse cuenta de que se quedaron sin rehenes del país más poderoso del mundo (Estados Unidos)”.
También Venezuela encara constantes denuncias sobre torturas a opositores políticos presos en el país, y por su rechazo a permitir que tengan un abogado privado. La Corte Penal Internacional (CPI) investiga al gobierno por delitos de lesa humanidad. Amnistía Internacional de hecho pidió al gobierno “garantizar y respetar los derechos humanos” de estos migrantes, luego que la semana pasada denunciara un repunte de desapariciones forzosas en el país.
El mismo viernes llegó otro avión con deportados de Estados Unidos, sin relación con el canje. Entre los pasajeros, siete niños que fueron separados de sus padres por las autoridades estadounidenses.
Sin pruebas
Los migrantes fueron enviados desde Estados Unidos a El Salvador tras ser acusados, sin pruebas, de pertenecer al Tren de Aragua, una organización criminal de origen venezolano que el presidente Trump declaró “organización terrorista”, invocando una ley sobre enemigos extranjeros de 1978.
Su liberación se concretó como parte de un acuerdo con representantes de Estados Unidos. Además de la excarcelación de diez ciudadanos norteamericanos, el canje incluyó la liberación de otros 80 presos políticos venezolanos que estaban detenidos en cárceles del régimen, aunque el gobierno venezolano sostuvo que esto coincidió con un proceso interno de negociación paralelo.
El diario salvadoreño La Prensa Gráfica señaló este martes que el Departamento de Estado norteamericano desclasificó documentos relacionados con el primer acuerdo, el que terminó con el envío de los deportados de Estados Unidos al Cecot salvadoreño, donde se constata que Washington pidió “respetar la integridad de los mismos acorde al Tratado contra la Tortura”.
Los documentos revelan algunos detalles, como tener un registro de dicho acuerdo, que Estados Unidos mantendría el control de los detenidos, y que el Estado salvadoreño daría un trato humanitario.
“Estados Unidos entiende que El Salvador adoptará estas medidas de conformidad con sus facultades conforme al derecho interno salvadoreño y de una manera que sea coherente con las obligaciones jurídicas internacionales de El Salvador en materia de derechos humanos y tratamiento de los presos, incluida la Convención contra la Tortura», cita el documento con fecha del 13 de marzo de este año.
El Salvador garantizó que respetaría “las obligaciones de la legislación local y tratados internacionales incluida la Convención contra la Tortura”. Y aseguró que “la recepción de estas personas se llevará a cabo de conformidad con la legislación salvadoreña y las obligaciones internacionales, incluyendo la adhesión a la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
Agencias AFP y Reuters
