SANTO DOMINGO.- Como resultado de una de las líneas de investigación seguida en la Operación Antipulpo, el Ministerio Público obtuvo de un tribunal la homologación de un acuerdo, amparado en el criterio de oportunidad establecido en el marco jurídico, mediante el cual Maxy Gerardo Montilla Sierra y un grupo de sus empresas aceptan su responsabilidad penal y autorizan el decomiso de RD$2,000 millones en efectivo a favor del Estado dominicano.
El acuerdo fue presentado al tribunal por el Ministerio Público a través de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución, y Mirna Ortiz, de la Pepca, valoraron la resolución del tribunal e indicaron que esta decisión viene a reforzar los avances del Ministerio Público en su lucha contra la corrupción administrativa y la impunidad que impulsa la actual procuradora general, Yeni Berenice Reynoso.
La decisión lleva a Montilla a pagar una indemnización de RD$600 millones a las Distribuidora de Electricidad del Este (EdeEste), Distribuidora de Electricidad del Sur (EdeSur) y Distribuidora de Electricidad del Norte (EdeNorte), en resarcimiento a los perjuicios provocados por sus acciones.
Asimismo, tendrá que pagar a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) la suma de RD$431,816,307.90.
En el acuerdo, homologado por el juez Raymundo Mejía, del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, las distribuidoras se hicieron representar por Celso Marranzini, quien funge como presidente del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras (CUE).
Las distribuidoras de energía fueron asistidas legalmente por Miguel E. Valerio Jiminián, Ramón Emilio Núñez y José Figueroa Guilamo, mientras que la defensa técnica del imputado y sus empresas la encabezaron Joaquín Antonio Zapata Martínez y Edward Veras Vargas.
El Ministerio Público establece en el documento que Montilla Sierra, investigado en el proceso contra Juan Alexis Medina Sánchez y compartes, utilizó las empresas como como vehículo societario para participar en los procesos de contratación pública de forma fraudulenta y en violación a las normativas que regulan las contrataciones del Estado dominicano, «logrando con ello adjudicaciones de forma ilícita en perjuicio del patrimonio público».
Señala que durante el tiempo que lo hizo gozó de privilegio y acceso a informaciones privilegiadas.
Recuerda además que los actos de corrupción impactaron empresas que operan con deficiencia funcional y operativa en el servicio fundamental que deben prestar al país.
Esta situación obedeció, en gran medida, a pérdidas derivadas de prácticas de competición y de un manejo fraudulento por parte de funcionarios públicos y contratistas, dice.
Explica que Montilla Sierra muestra un incremento significativo en las contrataciones públicas adjudicadas a sus empresas.
«Desde ese momento, varios miembros de su entorno familiar y de confianza, tanto de manera directa como indirecta, aumentaron de forma sustancial su presencia e influencia en los procesos de compras y contrataciones del Estado, especialmente en áreas estratégicas como la energética, utilizando como plataforma la cercanía con el poder político.
Indica que al suplir al Estado incurrió en un monopolio de proveedores en el sector eléctrico que, además, operó con información privilegiada.
Asimismo, manipuló los plazos de entrega e incurrió en estafa al Estado.
«A los fines de obtener ventajas en los procesos, se realizaron pagos de sobornos a funcionarios públicos responsables de las compras y contrataciones en el sector eléctrico. Estos pagos buscaban influir en decisiones administrativas, facilitar modificaciones contractuales irregulares y agilizar desembolsos», indica el acuerdo homologado.
El Ministerio Público impulsó el acuerdo en base al numeral 6, del artículo 370, del Código Procesal Penal, el cual establece la procedencia del Criterio de Oportunidad cuando el caso refine las condiciones para ser declarado complejo, tal como ocurrió en la investigación de la Operación Antipulpo.
«Esta disposición faculta al Ministerio Público a solicitar la aplicación de dicho criterio cuando el imputado colabore eficazmente con la investigación, aporte información que permita evitar la continuación de la actividad delictiva o la comisión de nuevas infracciones, contribuya al esclarecimiento de los hechos investigados o proporcione datos relevantes, siempre que la acción penal que se pretende excluir sea considerablemente menos grave que los hechos punibles cuya reiteración se evita», dice el documento.
