La Suprema Corte de Justicia (SCJ) continúa a la espera de que la Procuraduría General de la República (PGR) presente formalmente las acusaciones contra tres diputados señalados por su presunta vinculación con redes de lavado de activos de actividades provenientes del narcotráfico y actos de corrupción.
Los legisladores a los que el Ministerio Público anunció que sometería son: Nelson Marmolejos Gil (PRM-Santiago) y Faustina Guerrero Cabrera (PRM-Hato Mayor), ambos vinculados a la Operación Falcón, y Sergio “Gory” Moya (PRM-Distrito Nacional ), incluido en el expediente de la Operación Calamar.
A pesar de los anuncios iniciales, el Ministerio Público aún no ha cumplido con la presentación de la acusación formal ante la SCJ.
Amalia Pilarte, la única diputada del PRM condenada; casos de otros congresistas siguen en el limbo .
Una fuente de alto nivel de la SCJ indicó a N Digital que los expedientes “se encuentran a la espera de presentación de solicitudes y/o acusación por parte de la PGR”, tal como establece el Artículo 294 del Código Procesal Penal (CPP).
Dicho artículo señala que, “Si el Ministerio Público considera que existen fundamentos suficientes, debe presentar la acusación solicitando la apertura del juicio”. Sin embargo, han pasado casi cuatro años sin que ese paso se concrete.
¿Falta de pruebas o falta de voluntad?
La inacción ha generado interrogantes: ¿Acaso el Ministerio Público no cuenta con pruebas sólidas para sustentar las imputaciones?.
La falta de acusación contrasta con la amplia exposición pública que se hizo en su momento de los vínculos de estos congresistas con presuntas redes criminales.
El Artículo 296 del CPP indica que una acusación debe incluir datos que permitan identificar al imputado, una narración precisa y detallada del hecho punible atribuido, así como la participación específica del acusado.
También debe contener una base jurídica y fáctica que la sustente, incluyendo la descripción de los elementos de prueba que la motivan, la calificación legal del hecho, y el ofrecimiento de pruebas, como testigos, peritos y demás evidencia que se presentará en juicio.
Hasta ahora, el Ministerio Público no ha presentado ninguno de estos elementos ante la Suprema Corte.
Fue en septiembre de 2021 cuando la entonces procuradora adjunta y actual procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, anunció que sometería ante la SCJ a los diputados Marmolejos Gil y Guerrero Cabrera.
En abril de 2023, se hizo un anuncio similar respecto al diputado Sergio Moya, solicitado para ser juzgado en instrucción especial por su vínculo con la Operación Calamar.
Incluso, el 16 de septiembre de 2021, la SCJ designó al magistrado Napoleón Estévez Lavandier como juez de instrucción para estos casos.
Posteriormente, el 19 de enero de 2024, Justiniano Montero fue designado en su lugar, luego de que Estévez fuera promovido a presidente del Tribunal Constitucional.
Desde entonces, no ha habido ninguna acción concreta por parte del Ministerio Público para avanzar con el proceso judicial y los citados congresistas siguen sus labores como si nada.
