SANTO DOMINGO.-En su estudio, Unicef alerta que en Santo Domingo el 31,5 % de las mujeres dominicanas entre 20 y 24 años se casaron o unieron antes de los 18 años, y 9,4 % antes de los 15 (2019).
La violencia física y/o sexual por parte de la pareja íntima contra mujeres de 15 a 49 años registró una prevalencia de 28,5 % a lo largo de la vida y 22,8 % en los últimos 12 meses, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) correspondiente a 2025 citados en el informe.
«Cada feminicidio trastoca para siempre la vida de sus hijos e hijas y vulnera su derecho a crecer en entornos familiares seguros, protectores y libres de violencia», advirtió la representante interina de Unicef en República Dominicana, Anyoli Sanabria.
La diplomática refirió que su organización trabaja con las autoridades dominicanas y organizaciones comunitarias para fortalecer los sistemas de prevención, detección y respuesta a la violencia.
La organización impulsa capacitaciones a familias, docentes y personal técnico; apoya la creación de rutas integrales de atención; y promueve reformas legales que garanticen ambientes seguros para todos los niños, niñas y adolescentes, aseguró Sanabria.
«República Dominicana aún puede reafirmar su compromiso con la eliminación de la violencia intrafamiliar revisando la excepción que permanece en el Código Penal y que permite el castigo físico como forma de disciplina en el hogar», consideró la representante de Unicef en Santo Domingo.
En ese orden, abundó que la violencia física en la familia suele ser el primer escalón hacia los feminicidios que tantas vidas cobran en la sociedad dominicana.
«Con voluntad y acción, todavía es posible transformar esta realidad y garantizar una protección efectiva para los niños, niñas, adolescentes y mujeres del país”, expuso Sanabria.
Exhortó al Gobierno dominicano a coordinar y ampliar estrategias interinstitucionales para abordar la violencia de manera simultánea, incluyendo el apoyo a organizaciones lideradas por mujeres y niñas.
Además, expandir servicios centrados en las personas supervivientes, garantizando acceso a la protección contra la violencia, seguridad personal, atención médica especializada y acompañamiento familiar.
