Aún fuera por presión social, convicción personal o por conveniencia política, la decisión de suspender de manera definitiva de los estudios geológicos que pretendían explotar las minas de oro en la comunidad de Romero de San Juan de la Maguana, ha sido bien recibida por la población dominicana.
El presidente Luis Abinader Corona actuó con sentido común y firmeza al tomar dicha medida, la cual evidenció a un gobernante responsable y con la experiencia de Estado suficiente optando primero por la protección de la salud de sus habitantes, antes que cualquier interés de particulares nacionales o extranjeros.
El reclamo de los pobladores de la provincia de San Juan de la Maguana fue justo y prioritario. Esa exigencia se basó en tres elementos fundamentales: preservación de las aguas subterráneas, la protección de la vida vegetal y animal de la zona y la salud misma de sus habitantes. Ante estas tres reivindicaciones el Gobierno no podía hacer más que descontinuar ese proyecto minero.
Pero, además, el presidente con esa medida evitó intranquilizar a la República Dominicana que hoy más que nunca vive en un estado pleno de democracia, paz social y desarrollo económico.
Si alguna recompensa habrá que dar a la empresa canadiense Gold Quest, por los gastos incurridos en dichos estudios y movimientos de tierra, será responsabilidad de los expresidentes Leonel Fernández Reyna y Danilo Medina Sánchez, quienes autorizaron la firma ese contrato de explotación minera.
Este periódico apoya irrestrictamente la decisión del gobierno dominicano en favor del pueblo de San Juan de la Maguana.
