SANTO DOMINGO.–El Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), junto al Consejo Nacional de los Derechos Humanos (CONADEHU), el Instituto de Previsión y Protección del Periodista (IPPP), el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) y el Movimiento Marcelino Vega (MMV), sometieron este miércoles una propuesta de modificación al Código Penal en la que solicitan reformar o derogar 15 artículos que, a su juicio, amenazan la libertad de expresión, el ejercicio del periodismo y otras garantías constitucionales.
La instancia, depositada ante la comisión bicameral que estudia las modificaciones a la legislación, plantea cambios en los artículos 29, 39, 121, 123, 192, 193, 208, 209, 210, 211, 212, 310, 368, 370 y 379, al considerar que varias de esas disposiciones contienen sanciones desproporcionadas, figuras penales ambiguas y mecanismos que podrían facilitar la persecución de periodistas, medios de comunicación y ciudadanos que denuncien asuntos de interés público.
Entre los aspectos que más preocupan a las organizaciones figura el mantenimiento de penas de prisión por difamación e injuria, la posibilidad de responsabilizar penalmente a los medios de comunicación por actuaciones de terceros, las limitaciones al periodismo de investigación mediante los delitos de difusión de imágenes y revelación de secretos, así como disposiciones que, según sostienen, podrían generar autocensura por temor a procesos penales.
Los gremios también proponen eliminar artículos como el 29, sobre penas complementarias; el 39, por entender que restablece la responsabilidad en cascada de los medios de comunicación; el 310, que sanciona el ultraje a funcionarios públicos; y el 370, al considerar que castiga a empresas de comunicación por publicaciones realizadas por otras personas.
Respecto al artículo 379, que tipifica el sabotaje contra los intereses de la nación, las organizaciones advierten que su redacción podría afectar el derecho a informar y denunciar hechos de interés público, además de contemplar penas que califican como excesivas.
En el documento, los firmantes sostienen que las disposiciones objetadas contravienen la Constitución y tratados internacionales suscritos por la República Dominicana, al entender que afectan la libertad de expresión, la libertad de prensa, el acceso a las fuentes informativas, el secreto profesional del periodista y el derecho de la ciudadanía a recibir información libre y plural.
Además de las modificaciones, solicitaron al Congreso Nacional abrir un proceso de vistas públicas antes de la entrada en vigencia del nuevo Código Penal para escuchar a los distintos sectores involucrados.
La propuesta fue depositada ante la comisión bicameral en el último día habilitado para recibir observaciones al proyecto, cuyo informe será conocido por la Cámara de Diputados en la fase final del proceso legislativo.
