Abogada detenida con haitianos indocumentados en Dajabón, RD, fue apresada en 2012 por “alterar expediente de un narco”

SANTO DOMINGO.-Luego de darse a conocer la detención de una abogada que fue sorprendida con tres haitianos indocumentados, escondidos en el baúl de su vehículo el pasado 22 de septiembre, trae a la memoria cuando en 2012 fue apresada de alterar un expediente judicial.
Hace 14 años, Sandra Maribel Furcal Guzmán fue arrestada en pleno Palacio de Justicia por la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y una fiscal adjunta, bajo la acusación de haber alterado un expediente contra un defendido suyo, quien era señalado como vendedor de drogas.
Furcal Guzmán fue acusada de variar la fecha de las actas de arresto, las cuales solicitó y obtuvo mediante la secretaria del Juzgado de Atención Permanente, y requisa de un vehículo, propiedad de su cliente, Johan Manuel Herrera Blanco.

La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de Dajabón impuso medidas de coerción que consiste en presentación periódica, el cuidado y vigilancia de un garante, e impedimento de salida del país contra la abogada Sandra Maribel Furcal Guzmán.

La medida, que deberá cumplirse durante un plazo de seis meses mientras avanza el proceso judicial, fue dictada tras el arresto de la jurista en la comunidad El Laurel, del municipio y provincia Dajabón, bajo la acusación de transporte ilegal de extranjeros.

El arresto de Furcal Guzmán se produjo cuando miembros del Ejército de la República Dominicana interceptaron el vehículo marca Honda CR-V que conducía.

Durante la revisión del automóvil, los efectivos militares localizaron a tres ciudadanos haitianos en situación migratoria irregular ocultos en el compartimiento de equipajes.

Posteriormente a la intervención militar, se difundió un video en plataformas digitales en el cual la imputada solicitaba a los agentes evitar su arresto y la divulgación de las imágenes del procedimiento.

En el audiovisual, la abogada aludió a su labor institucional en el Ministerio de Educación y su condición profesional al suplicar la omisión del procedimiento legal.

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