SANTO DOMINGO.-Según fuentes locales, las deportaciones de trabajadores prácticamente se han detenido en el sector bananero dominicano. La agricultura dominicana, junto con la construcción y el turismo, depende de la mano de obra de migrante haitiana; alrededor del 80 % de los trabajadores de las plantaciones de banano son de origen haitiano en las tres regiones productoras de Montecristi, Azua y Mao Valverde.
En los últimos años, la política migratoria nacional se ha vuelto cada vez más intransigente. En 2023, en respuesta a una disputa por el uso de una fuente de agua compartida, la República Dominicana cerró la frontera haitiana-dominicana y todas las vías de documentación para los migrantes haitianos.
A medida que se agudizaba la crisis de seguridad en Haití, las relaciones se deterioraron. En octubre de 2024, las autoridades dominicanas se comprometieron públicamente a deportar a 10 000 migrantes indocumentados por semana . Hubo 276 215 migrantes haitianos deportados en 2024 y 379 553 en 2025, según la Dirección General de Migración del Gobierno , lo que representa un aumento del 37,4 %.
Como consecuencia del cierre de todas las vías para renovar los permisos de trabajo o residencia, un número creciente de trabajadores haitianos se encuentra con que su documentación ha caducado, lo que convierte su presencia en el país en ilegal y, por lo tanto, los expone a la deportación. El sindicato dominicano de trabajadores bananeros SINTRAPBAA ha realizado numerosos viajes en los últimos años para negociar la liberación de trabajadores de los centros de detención, junto con empleadores que dependen de esta mano de obra migrante para la supervivencia de sus negocios.
El sindicato colabora estrechamente con ONG de derechos de los migrantes, pastores de la iglesia haitiana y líderes empresariales locales y nacionales, con el objetivo de establecer las condiciones de seguridad laboral necesarias para que la industria bananera prospere y los trabajadores vivan con dignidad.
Foto: centros de detención a lo largo de la frontera donde se retiene a los trabajadores antes de su deportación a Haití.
Sin embargo, existen indicios de que las tensiones diplomáticas entre las naciones insulares vecinas podrían estar disminuyendo. Tras una suspensión de dos años, se han reanudado los vuelos comerciales de pasajeros y carga entre Haití y la República Dominicana .
Además, según fuentes locales, se están abriendo algunas vías limitadas para renovar los permisos de trabajo, aunque de forma muy discreta y en un contexto de retórica antimigrante persistente.
Crusito Torribio, Secretario General del sindicato SINTRAPBAA, comentó:
“El sector bananero, al igual que otros sectores agrícolas del país, depende del esfuerzo de los migrantes de nuestro país vecino, Haití, para mantenerse productivo y competitivo en el mercado internacional. Es fundamental garantizar que este sector cuente con los recursos laborales necesarios. Hacemos un llamado al control migratorio mediante la documentación legal de los migrantes que trabajan en nuestras industrias, y al trato digno y justo de los trabajadores que vienen a realizar este arduo trabajo en el campo dominicano”.
- Alcance de la medida. Está dirigida a personas residentes en el país que utilizaron documentos dominicanos durante años pero quedaron impedidas de renovarlos debido a duplicidades, inconsistencias o suplantaciones en sus expedientes.
- Cédula especial sin nacionalidad. Si tras investigar el expediente la JCE determina que el solicitante no cumple con los requisitos para la nacionalidad dominicana (lo que incluye a ciudadanos extranjeros o de origen haitiano con documentación cuestionada), se le emitiría una identificación especial con las leyendas «NO VOTA» y «nacionalidad no determinada».
- Efectos jurídicos. Este documento acreditaría identidad jurídica para preservar actos previos como matrimonios, declaraciones de hijos, contratos y derechos laborales, pero no otorga ciudadanía dominicana, derecho al sufragio ni pasaporte.