El pasado 12 de marzo de 2026, en Ginebra, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela presentó ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU una nueva actualización de sus investigaciones.
El informe ratifica un patrón que los venezolanos conocen desde hace años: la represión, la tortura y las detenciones arbitrarias formaron parte de un sistema organizado desde el poder.
Los acontecimientos del pasado 3 de enero no han disipado la pestilencia moral que aún emana de los calabozos de La Tumba, ni han abierto definitivamente las rejas del centro de tortura de Boleíta. Tampoco se han clausurado las mazmorras del Helicoide ni las celdas de la prisión militar de Ramo Verde.
Esos lugares quedaron marcados como emblemas de una época de ignominia. Allí la tortura dejó de ser un exceso aislado y pasó a formar parte de un sistema de dominación política.
La Misión de la ONU lo ha establecido con claridad: el cambio de mando no borra responsabilidades.
Los informes acumulados describen al SEBIN y a la DGCIM como engranajes de una maquinaria estatal organizada para ejecutar la más brutal represión.
Las órdenes descendían desde la cúspide del poder dentro de una estructura jerárquica perfectamente definida.
En ese aparato ocupó un lugar central Delcy Rodríguez, figura clave de un sistema que convirtió el terror en instrumento de gobierno.
En los pasillos del SEBIN (la policía de la dictadura) la represión tuvo víctimas con nombres y apellidos: dirigentes políticos, periodistas, activistas y ciudadanos cuyo único delito fue defender la libertad.
Allí se practicaba la llamada “crucifixión”: detenidos esposados a rejas metálicas, con los brazos extendidos durante horas.
También se aplicaban descargas eléctricas en los genitales, parte de un repertorio de tormentos que remite a las páginas más oscuras del siglo XX. Todo está documentado en expedientes conocidos por la comunidad internacional. Por eso resulta ofensivo que algunos intenten presentar recientes liberaciones de presos políticos como una “maravilla”.
Por supuesto que produce una explosión de emociones ver en las calles, libres y abrazados a sus seres queridos, a centenares de ciudadanos inocentes que jamás debieron pisar una celda.
Pero nadie debe olvidar que esos hechos son consecuencia directa de lo ocurrido en la madrugada del pasado 3 de enero, gracias a la determinante acción autorizada por el presidente Donald Trump.
Mucho menos puede calificarse de maravilla la otra cara de la tragedia venezolana: una inflación descontrolada (las más alta del mundo) combinada con salarios envilecidos y una dolarización desenfrenada, que castigan sin piedad a un pueblo agotado por años de expolio y miseria.
Sin embargo, incluso, en medio de ese panorama desolador, Venezuela sigue siendo tierra de esperanza.
Esa esperanza pudo verse con nitidez el pasado jueves en Santiago de Chile, donde las alamedas se llenaron de venezolanos desterrados que se congregaron para ratificar su confianza en María Corina Machado, líder de una causa que trasciende fronteras. Fue una escena cargada de emoción y dignidad.
Miles de compatriotas que debieron abandonar su patria por la persecución o el hambre levantaron sus voces para decir que Venezuela no ha renunciado a su futuro.
Ese fervor contrasta brutalmente con la impotencia de un régimen incapaz siquiera de movilizar a sus propios cuadros radicales.
La evidencia quedó expuesta el pasado 9 de marzo, cuando el aparato oficial intentó impulsar su llamada “consulta comunal”.
El resultado fue un fracaso rotundo. La ciudadanía respondió con indiferencia, dejando en claro que el país sigue en rebeldía, firme en su demanda de libertad y cambio político. Pero la esperanza no se limita a la diáspora.
Dentro del país también se multiplican las concentraciones de trabajadores, pensionados y ciudadanos comunes que reclaman lo elemental: libertad y salarios dignos. Ese clamor demuestra que Venezuela no cae en trampas ni acepta resignadamente la opresión.
Al mismo tiempo, el país sigue siendo víctima de otro crimen silencioso: la devastación ecológica.
Con pruebas irrefutables, María Corina Machado ha denunciado ante el mundo que en el estado Bolívar continúa el saqueo ambiental que simboliza el fracaso del socialismo del Siglo XXI.
●Selvas arrasadas,
●ríos contaminados,
●comunidades indígenas desplazadas,
●empresas destruidas
●y una riqueza mineral explotada sin control.
Todo ello ocurre en el Arco Minero del Orinoco, una región estratégica que alberga bauxita, hierro, oro, tierras raras y otros recursos que podrían contribuir al desarrollo del país, pero que hoy alimentan redes de corrupción y devastación ambiental.
Conviene entonces mirar la realidad sin falsas ilusiones.
Tres meses después de la captura del dictador Maduro, la crisis venezolana sigue profundizándose. El Palacio de Miraflores parece haber mutado de sede del poder a escenario de intrigas y ceremonias políticas que anuncian el ocaso de un régimen agotado.
Delcy Rodríguez tiene ahora una tarea que la historia no olvidará: terminar de desmontar el andamiaje de la tiranía que ella misma ayudó a construir.
Más allá del rastrerismo y las intrigas palaciegas, se confirma, dentro y fuera de Venezuela, que la crisis del país no tendrá salida mientras no se abra una verdadera transición democrática.
Lo saben los venezolanos que han padecido estos años. También se entiende cada vez con mayor claridad en Europa, en América y en muchas capitales del mundo democrático.
Sin libertad política y sin instituciones legítimas nacidas del voto ciudadano, Venezuela no podrá recuperar la seguridad jurídica, ni la confianza internacional, ni la estabilidad económica.
Y esas son las condiciones indispensables para que Venezuela vuelva a levantarse de sus ruinas. Porque, a pesar de todo, nuestro país sigue siendo una nación con uno de los potenciales más extraordinarios del planeta. Cuando llegue la alborada democrática —y llegará— Venezuela no será recordada solo por la tragedia que padeció, sino por la dignidad con la que su pueblo decidió resistirla.
Antonio Ledezma:
Premio Sajarov (Parlamento Europeo), Premio Defensa DDHH (Congreso de los EEUU), Premio Human Rights and Democracy, Ginebra., Premio Cortes de Cádiz. Premio Foro España Cívica.
