NUEVA YORK.-Al rosario de quejas constantes sobre incidentes violentos en cárceles de la Gran Manzana, se suman cientos de denuncias sobre abuso y acoso sexual ocurridas en penales como Rikers Island, donde reclusos han presentado más de 700 demandas por presuntos abusos ocurridos en varias décadas, y 400 presuntos hechos perpetrados en centros de detención juvenil.
Y en un intento por ponerle freno a la violencia sexual en los pabellones penitenciarios de la Ciudad, el Concejo Municipal acaba de aprobar dos leyes para garantizar que los internos estén seguros al interior de las cárceles y que los hechos denunciados no se queden engavetados.
Las leyes llegan después de años en los que defensores de reclusos y de trabajadores carcelarios han exigido a las autoridades municipales que no pasen por alto las cientos de acusaciones de mala conducta sexual generalizada en las cárceles y que fomenten normas y procedimientos estrictos para proteger mejor al personal y a los presos de la violencia sexual.
“Los relatos de los sobrevivientes y la asombrosa cantidad de demandas presentadas en virtud de la Ley de Supervivientes Adultos lo dejan en claro: el abuso sexual en las cárceles de la ciudad de Nueva York es una epidemia que se ha ignorado durante demasiado tiempo”, dijo la concejal Carlina Rivera, promotora de una de las legislaciones aprobadas el jueves por el órgano legislativo de la Gran Manzana.
“Los sobrevivientes merecen justicia y nunca deben sentir que su dolor ha sido olvidado o desestimado. Mi legislación garantizará que las denuncias de abuso sexual dentro del Departamento de Correccionales se rastreen, investiguen y aborden sin demora. Es hora de que esta administración asuma su responsabilidad y promulgue reformas reales para proteger a las personas encarceladas”.
A las demandas presentadas por mujeres y menores de edad se suman más de 100 nuevas acciones legales de abuso sexual en cárceles presentadas hace unas semanas, por lo que el Concejo Municipal recalcó la urgencia de que se tomen medidas inmediatamente, pues advierten que las autoridades carcelarias no informan públicamente sobre esos incidentes ni sobre sus investigaciones.
La líder política neoyorquina urgió a que las autoridades penales “mejoren la transparencia” cuando se registren incidentes de violencia sexual en los pabellones y se garantice el acceso a recursos de salud mental.
“Adoptar sistemas modernizados para realizar un mejor seguimiento de las investigaciones de las denuncias son pasos importantes a seguir. Estos proyectos de ley se han retrasado mucho, pero son fundamentales en nuestros esfuerzos para proteger mejor al personal y a las personas detenidas en las cárceles de la ciudad”, advirtió la jefe de la cámara municipal.
Con las nuevas piezas de ley aprobadas, también los Servicios de Salud Correccional (CHS) deben emitir reportes sobre incidentes de violencia sexual por parte de personas encarceladas y personal, y el Comisionado del DOC también estaría obligado a informar anualmente sobre las investigaciones del DOC sobre los incidentes y garantizar que el personal penitenciario tenga acceso a recursos de tratamiento de salud mental y a dar a conocer los recursos disponibles.
“Este proyecto de ley no se trata solo de informes y estadísticas, se trata de responsabilidad, protección y compasión”, dijo la concejal Althea Stevens, promotora de las medidas. “La violencia y el acoso que sufren estos miembros del personal, especialmente las mujeres, ya no pueden pasar desapercibidos, y ese sentimiento se aplica a todas las industrias. No importa si eres un principiante o un ejecutivo experimentado, todos merecen un entorno en el que se sientan seguros, valorados y respetados como individuos”.
- 700 mujeres demandaron el año pasado a la Ciudad tras ser víctimas de violencia sexual
- 400 jóvenes detenidos en centros para menores de edad también denunciaron abusos sexuales
- 100 nuevas demandas se presentaron en las últimas semanas.
