WASHINGTON D.C.- El Departamento de Educación del país planea despedir a más de Mil 300 de sus empleados como parte de un esfuerzo por reducir a la mitad el personal de la organización.
Se trata de una muerte anunciada que se viene repitiendo desde hace algunas semanas en otras agencias del gobierno federal.
Según la Secretaria de Educación Linda McMahon, el plan hace parte de una reorganización alineada con la idea del presidente Donald Trump de desmantelar este departamento.
600 personas ya habían aceptado con anterioridad un paquete de despido voluntario o jubilación temprana, lo que elevaría el número de salidas a casi la mitad de la plantilla total que conformaba el departamento.
McMahon dice que la decisión refleja el compromiso del Departamento de Educación con la eficiencia, la rendición de cuentas y la garantía de que los recursos se dirijan a quienes importan más: estudiantes, padres y docentes.
Demócratas y defensores de derechos humanos han expresado su preocupación de que los planes de reducir la agencia afecten a los estudiantes, ya que una de sus misiones es investigar quejas de derechos civiles y ayudar a las familias a solicitar ayuda financiera.
Sin embargo, las autoridades educativas afirmaron que el departamento continuará desempeñando funciones clave, como la distribución de ayuda federal a las escuelas, la gestión de préstamos estudiantiles y la supervisión de las becas.
Y en medio de la restructuración, los empleados del departamento recibieron un correo electrónico donde se informaba que su sede en Washington y sus oficinas regionales permanecerían cerradas este miércoles. La única explicación que se les dio fueron razones de seguridad no especificadas.
El senador Bill Cassidy, republicano por Luisiana y presidente de la Comisión de Salud, Educación, Trabajo y Pensiones del Senado, escribió en las redes sociales que había hablado con McMahon y había recibido garantías de que los recortes no afectarían al departamento en la “capacidad para cumplir sus obligaciones estatutarias”.
Sheria Smith, presidenta de la sección 252 de la Federación Estadounidense de Empleados del Gobierno, que representa a más de 2800 trabajadores del Departamento de Educación, dijo que el gobierno de Trump “no respeta a los miles de trabajadores que han dedicado su carrera a servir a sus compatriotas estadounidenses” y prometió luchar contra los recortes.
La Oficina de Derechos Civiles del departamento sufrió recortes especialmente drásticos, al cerrarse o reducirse al mínimo el personal de centros regionales, incluidos los de Nueva York, San Francisco y Boston. La oficina, ya de por sí escasa de personal, tenía dificultades a menudo para completar largas investigaciones sobre derechos civiles. Bajo el gobierno de Joe Biden había acumulado un gran número de casos pendientes, después de que el año pasado las protestas sacudieron los campus universitarios de todo el país.
“No nos quedaremos quietos y al margen mientras este régimen engaña al pueblo estadounidense”, dijo Smith.
Becky Pringle, presidenta de la Asociación Nacional de Educación, el mayor sindicato de maestros del país, dijo que los cambios mermarían los programas de formación para el empleo y aumentarían los costos de la enseñanza superior.
