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Al parecer Mata Mosquito llega a su final como asentamiento ilegal de haitianos en territorio dominicano

SANTO DOMINGO.-Centenares de casuchas, viviendas y edificaciones de hasta tres niveles demolidos, montones de escombros y un aire de desolación es lo que queda del desalojo masivo ejecutado con equipos pesados, en lo que parece ser la eliminación del sector Monte Verde, mejor conocido como Mata Mosquito, en el litoral de Bávaro.

Enseres eléctricos, ropas, ajuares triturados con piedras, en medio de las quejas de los residentes, que chocan con las interrogantes de quién ordenó o ejecuta el desalojo, que ha dejado a miles de ilegales y otros que no lo son, sin el techo que les cobijaba, desde hace 5, 10 y hasta 15 años.
Parte de pertenencias de haitianos desalojados, colocadas al borde de una vía en el sector Mata Mosquito.

El gueto Mata Mosquito es objeto de eliminación, en medio de un amplio operativo en el que las autoridades dan soporte con soldados del Ejército Nacional  y agentes especializados de la Fuerza de Defensa y policiales, que militarizaron la zona y mantienen restricciones de acceso a la prensa.

En el marco de las acciones para garantizar el orden migratorio y la seguridad jurídica en zonas vulnerables, la Dirección General de Migración (DGM), en coordinación con otras instituciones estatales, ejecutó un operativo en la comunidad de Mata Mosquito, en Friusa, Bávaro.

La intervención se enfocó en la identificación y retiro de ocupantes irregulares en terrenos privados, con especial atención a personas en situación migratoria irregular.

Durante la operación, se verificó que la mayoría de los ocupantes carecían de documentación legal para residir en el país, correspondiendo en su totalidad a ciudadanos de nacionalidad haitiana. La DGM procedió a la detención de más de 500 personas indocumentadas, quienes fueron trasladadas al centro de retención de Haina para su debido proceso de verificación y repatriación, conforme a la Ley General de Migración 285-04.

Participación de Fuerzas de Seguridad

El operativo contó con el apoyo logístico de la Unidad Especial de la Policía Nacional(creada bajo el Decreto 668-22), el Ejército de la República Dominicana y unidades tácticas especializadas.

Estas instancias colaboraron en el desmantelamiento de estructuras improvisadas de zinc y madera que incumplían normativas de seguridad y estaban en ocupación ilegal.

Medidas posteriores

Para prevenir nuevas ocupaciones, se ha establecido un dispositivo de vigilancia permanente en la zona, integrado por personal militar y policial. Esta estrategia busca proteger áreas susceptibles a invasiones, asegurando al mismo tiempo el cumplimiento de los protocolos internacionales en materia de derechos

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