En medio en que se discute el controversial proyecto de Ley »Mordaza», obligan al Listín Diario en RD, quitar contenido

SANTO DOMINGO.-El presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios (SDD), Inc., Persio Maldonado, el mismo que está apoyando a capa y espada, junto a la Sociedad dominicana de Diario de la cual forma parte el Listín Diario, el proyecto de Ley Mordaza sobre la Libertad de expresión,  expresó que la entidad respalda de manera firme al decano frente al intento de la plataforma internacional Network Solutions para obligar al periódico a excluir informaciones ciertas emanadas de la cobertura cotidiana de un medio respetable.

Afirmó que es necesario que la República Dominicana vea con claridad los riesgos que implican estos intentos de ocultar informaciones, como manipular con los algorismos a los usuarios de las redes sociales.

«Y justo es lo que han venido procurando las naciones democráticas, como los 27 países de la Unión Europea, Australia y Canadá. Es igual que lo intentamos los países de América Latina en coordinación con la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP)», indicó el presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios.

El periódico Listín Diario denunció el miércoles un intento de censura digital por parte de la empresa estadounidense Network Solutions, que le impuso un plazo de 48 horas para eliminar de sus archivos en línea una noticia relacionada con el caso de corrupción que involucra a Lisandro José Macarrulla Martínez, bajo amenaza de suspender sus servicios digitales.

La información en cuestión, publicada el 22 de marzo de 2024, reporta que Lisandro José Macarrulla Martínez, hijo del exministro de la Presidencia, admitió ante el juez los cargos que se le imputaban en el expediente de corrupción administrativa, y por los cuales fue condenado. El hecho fue ampliamente cubierto por diversos medios nacionales.

Condenan a más de 20 que se asociaron a líderes de grandes casos corrupción en RD

En un comunicado dirigido a la opinión pública nacional e internacional, Listín Diario calificó la exigencia de Network Solutions como «un acto de coerción y censura inadmisible», que viola principios fundamentales de libertad de expresión, amparados tanto en la Constitución dominicana como en instrumentos internacionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

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