Interrogan por segunda vez a exempleado de la colapsada discoteca Jet Set , ministerio público da protección tras expresar temor por su seguridad

SANTO DOMINGO.-Gregory Adames, exempleado del Jet Set, fue citado por segunda vez para ser interrogado por las autoridades judiciales luego de haber afirmado que había advertido a los propietarios sobre las condiciones de deterioro en las que se encontraba la famoso discoteca.

Adames acudió a la Procuraduría General de la República acompañado de su abogado, tras ser citado por el director de la Dirección de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho.

A su salida del interrogatorio, tanto él como su defensa evitaron dar mayores declaraciones a la prensa.

Detenciones en el caso Jet Set

El jueves, el Ministerio Público ordenó el arresto de Antonio y Maribel Espaillat, miembros de la familia propietaria de la discoteca, tras el desplome que dejó 236 muertos y más de 150 heridos.

Antonio  Espaillat permanece detenido, mientras que Maribel fue trasladada a un centro médico por supuestos problemas de salud.

De igual forma, en el documento también se alude a movimientos de los imputados para presuntamente intentar intimidar o manipular a empleados de la empresa Inversiones E y L, S.R.L., la cual manejaba la discoteca, y que pueden actuar como testigos en el proceso.
Tragedia del Jet Set

La fiesta se transformó en pesadilla. El martes 8 de abril una tragedia enlutó a República Dominicana: más de 200 personas murieron tras el desplome de la emblemática discoteca Jet Set, según datos del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF).

Jet Set operaba sin permisos del ADN, Medio Ambiente, Obras Públicas ni MIVED

La desaparecida discoteca Jet Set, cuyo colapso es objeto de investigación por parte del Ministerio Público, operaba sin los permisos técnicos indispensables de funcionamiento y seguridad emitidos por las principales instituciones reguladoras del país.

Entre ellas se encuentran el Ayuntamiento del Distrito Nacional (ADN) y el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Vivienda y Edificaciones (MIVED), que anteriormente  era responsabilidad del Ministerio de Obras Públicas.

Jet Set

De acuerdo a datos recabados en las pesquisas que realiza el Ministerio Público sobre el colapso del Jet Set, el único permiso registrado para la estructura es una autorización de construcción emitida en 1970 por el Ministerio de Obras Públicas, cuando se levantó el cine El Portal, en el kilómetro 6 de la avenida Independencia.

Ministerio Público podría someter mañana, sábado, a responsables tragedia Jet Set

Desde entonces, no consta en los registros oficiales ninguna autorización para remodelaciones, cambio de uso de suelo o certificación ambiental que permitiera al Jet Set su funcionamiento como centro de entretenimiento.

En el marco de las investigaciones sobre el derrumbe ocurrido el pasado 9 de abril, se determinó que el establecimiento operaba al margen de las leyes y normativas vigentes, sin contar con el permiso de uso de suelo requerido por el Ayuntamiento del Distrito Nacional, ni con la autorización estructural correspondiente, hoy bajo responsabilidad del MIVED.

Tampoco disponía del estudio de impacto ambiental que exige el Ministerio de Medio Ambiente para edificaciones de uso masivo.

UN LOCAL FUERA DE NORMATIVA DESDE HACE DÉCADAS

El antiguo cine El Portal fue adquirido en 1994 por los propietarios del Jet Set, cuando ya el espacio se encontraba cerrado.

La discoteca, fundada en 1973 por Grecia López, madre de Antonio Espaillat, inició operaciones en otro local de la avenida Independencia, frente a la Clínica Independencia, al lado de la Coca-Cola y se trasladó a donde funcionaba el cine.

Pese a las adaptaciones realizadas para convertir el antiguo cine en una discoteca, el inmueble nunca fue regularizado, funcionando sin los permisos técnicos obligatorios durante casi tres décadas.

Esta omisión representa una grave violación a las normativas de construcción, seguridad y medio ambiente, cuyas regulaciones tienen como objetivo garantizar la integridad física de los ocupantes y la funcionalidad segura de las edificaciones y pone en tela de juicio la fiscalización de este tipo de establecimientos por parte de las autoridades.

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