SANTO DOMINGO.-El Ministerio Público depositó este sábado la solicitud de medida de coerción en contra del empresario Antonio Espaillat y su hermana, Maribel Espaillat, investigados por homicidio involuntario por el colapso del techo de la discoteca Jet Set, la madrugada del 8 de abril, dejando 236 muertos y más de 180 heridos.
Los fiscales de la Dirección de Persecución, encabezados por Enmanuel Ramírez, e integrados por Héctor García y Miguel Collado, acudieron minutos antes de las 2:00 de la tarde al Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, donde formalizaron la acusación a escasos minutos de cumplirse el plazo constitucional de 48 horas para someter al arrestado o ponerlo en libertad.
El Ministerio Público imputa a los hermanos los delitos de homicidio involuntario, violación a las normas de seguridad, y omisión de responsabilidades, alegando que el local operaba sin cumplir con las condiciones estructurales mínimas exigidas por las leyes dominicanas pese a haber sido sometida a remodelaciones profundas que alteraron su estructura original y comprometieron su seguridad.
Según la acusación formal, los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, principales responsables del establecimiento, ejecutaron múltiples ampliaciones y modificaciones en el local —incluyendo la instalación de un escenario, bares, sistemas de iluminación y zonas VIP— sin contar con las autorizaciones del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) ni de la Alcaldía del Distrito Nacional.
La discoteca, que originalmente funcionaba como un cine, fue sometida a un cambio de uso y a una transformación estructural inadecuada, de acuerdo con la entidad, que dio a conocer los detalles de la investigación en un comunicado divulgado este sábado.
La información ha sido revelada luego de que el Ministerio Público depositara hoy la solicitud de medida de coerción en contra de Antonio y Maribel Espaillat, a quienes acusan de homicidio involuntario y otros delitos.
“Los imputados alteraron de manera significativa la estructura de la discoteca sin supervisión técnica. La discoteca, originalmente un cine, sufrió un cambio de uso que implicó una adaptación estructural inadecuada”, indicaron los fiscales.
“Posteriormente, se eliminó una columna clave en la estructura, afectando significativamente la estabilidad del techo, sin ninguna evaluación profesional o permiso que respaldara dicha modificación, evidenciando una conducta de alto riesgo”, señalaron.
Los fiscales agregaron que, además de los cambios no autorizados, los imputados sobrecargaron progresivamente el techo del local con múltiples elementos pesados: ductos, casetas técnicas, tinacos de agua y seis unidades de aire acondicionado de 15 y 20 toneladas cada una, todo esto sin estudios estructurales que garantizaran la capacidad de carga de la edificación.
Los imputados apelaron a soluciones paliativas inadecuadas solo en interés de ahorrar recursos y siempre tuvieron conocimiento pleno de los problemas del techo.
Antonio Espaillat y Maribel Espaillat tuvieron conocimiento directo y constante de los graves problemas que presentaba el techo, “a través de reportes visuales (fotos y videos) y comunicaciones de sus propios empleados. A pesar de estas advertencias explícitas sobre la caída de escombros y el peligro inminente, optaron por ignorarlas”.
Los fiscales establecieron que los ejecutivos de la discoteca subordinaron la seguridad de empleados y clientes a la operación comercial.
“La imputada Maribel Espaillat, con conocimiento de un incidente de caída de escombros horas antes del desplome y ante la petición de suspender la actividad, se negó a hacerlo, alegando la ausencia del imputado Antonio Espaillat López y la imposibilidad de detener la fiesta, priorizando el beneficio económico sobre la seguridad y la vida de las personas”, dijeron.
“La cadena de acciones y omisiones de los imputados, incluyendo la falta de permisos, las modificaciones estructurales sin base técnica, la sobrecarga del techo, las ´reparaciones´ deficientes y la desatención a las advertencias de peligro, demuestra un patrón sistemático de irresponsabilidad y negligencia que causó 235 muertes y más de 180 heridos”, señaló el Ministerio Público.
Indicó que los peritajes técnicos han confirmado hallazgos críticos como la ausencia de una columna esencial, el anclaje deficiente de vigas y la ausencia de muros de mampostería de soporte, que validan las fallas estructurales directamente atribuibles a las acciones y omisiones de la gestión de la discoteca.
El Ministerio Público planteó que recabó evidencias contundentes que demuestran que los hechos del pasado 8 de abril “eran totalmente evitables si los imputados hubiesen actuado conforme a derecho y si hubiesen valorado la vida por encima del dinero”.
Además, que los imputados intimidaron a testigos del proceso “con el objetivo de evitar que aportaran pruebas del proceso que comprometen su responsabilidad penal”.
Aumentan a 82 las querellas tras tragedia en la discoteca Jet Set en República Dominicana
Antonio Espaillat, propietario de la discoteca Jet Set, permanece en prisión, y su hermana Maribel Espaillat sigue hospitalizada. Mientras tanto, la Fiscalía del Distrito Nacional continúa recibiendo querellas y denuncias en su contra, incluyendo la de la esposa del expelotero de Grandes Ligas, Octavio Dotel.
122 menores huérfanos por la tragedia del Jet Set; muchos perdieron ambos padres
Fotografía de las imágenes de las víctimas del accidente ocurrido en la discoteca Jet Set, colocadas a la entrada del establecimiento en Santo Domingo (República Dominicana). EFE/Orlando Barría.
Entre los huérfanos hay niños, niñas y adolescentes
El Gobierno dio a conocer este viernes algunas actualizaciones respecto al protocolo de intervención sociofamiliar a favor de las familias que— directamente— fueron afectadas por la tragedia ocurrida en la discoteca Jet Set la madrugada del martes 8 de abril.
Según la comisión encargada para esos fines, integrada por el programa Supérate, el Ministerio de Salud Pública, el Gabinete de la Niñez y Adolescencia (GANA), el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani) y el Sistema Único de Beneficiarios (Siuben), se ha contactado hasta la fecha a familiares de 200 de los casos correspondientes a las personas fallecidas.
