WASHINGTON. -El Gobierno de Donald Trump dio luz verde este mes a sus abogados para que despojen de la ciudadanía estadounidense a inmigrantes naturalizados que cometieron delitos civiles, una vía que priva a los acusados del derecho a una defensa legal.
El Departamento de Justicia emitió un memorando el pasado 11 de junio en el que insta a los abogados de esa agencia federal a iniciar procedimientos civiles para revocar la ciudadanía a quien “obtuvo ilegalmente” la naturalización o lo hizo mediante “la ocultación de un hecho material o la tergiversación deliberada”.
Según el memorando, quienes están sujetos a procedimientos civiles no tienen derecho a un abogado, como ocurre en los casos penales. Además, en los casos civiles el Gobierno tiene una barra más baja en cuanto a demostrar culpabilidad.
Cerca de 25 millones de inmigrantes eran ciudadanos estadounidenses naturalizados hasta 2023, según un reporte del Migration Policy Institute.
Según el memorando, la medida se enfoca en quienes estén involucrados en la comisión de “crímenes de guerra, ejecuciones extrajudiciales u otros abusos graves contra los derechos humanos”, pero también en “cualquier persona condenada por delitos que represente una amenaza para Estados Unidos”.
La directiva otorga a los abogados del Departamento de Justicia mayor discreción a la hora de decidir cuándo solicitar la desnaturalización, incluyendo casos en los que el aplicante mintió en formularios de inmigración, cometió fraude financiero, fraude contra Medicaid o Medicare, o estafó a particulares.
Al menos una persona ya ha sido desnaturalizada en las últimas semanas. El 13 de junio, un juez ordenó la revocación de la ciudadanía a Elliott Duke, quien nació en Reino Unido y estuvo en el Ejército. Se le condenó por distribuir material de abuso sexual infantil, un crimen que luego admitió haber cometido antes de obtener la ciudadanía estadounidense.
Quitarle la ciudadanía a inmigrantes naturalizados fue una medida ampliamente usada durante la era McCarthy, a finales de la década de 1940 y principios de la de 1950. Barack Obama también la usó durante su tiempo en la Casa Blanca y Trump durante su primer mandato.
El fiscal general adjunto, Brett A. Shumate, escribió en el memorando que la revocación de la ciudadanía estadounidense será una de las cinco principales prioridades de la División de Derechos Civiles.
“La división dará prioridad y perseguirá al máximo los procedimientos de desnaturalización en todos los casos permitidos por la ley y apoyados por la evidencia”, aseguró.
Algunos abogados de inmigración han expresado preocupación de que la revocación de la ciudadanía por medio de un juicio civil prive a la persona afectada de derechos, incluido el de tener un representante legal que lo defienda.
“Se trata, en cierto modo, de crear una segunda clase de ciudadanos estadounidenses”, declaró a la cadena de radio NPR Sameera Hafiz, directora de políticas del Centro de Recursos Legales para la Inmigración.
Los procedimientos para la desnaturalización suelen ser “bien largos, tediosos y costosos para el Gobierno”, dijo a Noticias Telemundo el abogado de inmigración Mario Lovo en noviembre pasado.
En promedio cada año desde 2010 ha habido entre 700,000 y 800,000 naturalizaciones, según datos de la Oficina de Inmigración y Ciudadanía (USCIS, por su sigla en inglés). Entonces aun cuando los intentos de desnaturalizaciones aumentaron durante el primer mandato de Trump los casos no superaron un 0.5% comparado a la gente que accede a la ciudadanía cada año.
