WASHINGTON.-Timothy Mellon, heredero de una fortuna bancaria e industrial, es un republicano que antes hizo donaciones a la campaña de Trump. Sin embargo, hay dudas sobre la legalidad de esta entrega de fondos al Gobierno sin que haya sido aprobada por el Congreso.
En pleno cierre del Gobierno federal de los Estados Unidos, que ya se prolonga por casi un mes, el Department of Defense (Pentágono) ha recibido una donación anónima de 130 millones de dólares destinada a cubrir los salarios y beneficios del personal militar en activo.
Según un comunicado del portavoz del Pentágono, Sean Parnell, el régimen de aceptación legal de la donación se basa en la «autoridad general para aceptar obsequios» del Departamento. El donativo llegó con la condición expresa de que se destine «al coste del personal de servicio», pero expertos en presupuestos federales advierten de posibles conflictos con la Ley de Ausencia de Apropiación (‘Antideficiency Act’), que prohíbe que las agencias federales gasten fondos sin autorización del Congreso.
Aunque la cifra no cubre, ni de lejos, el coste total de la nómina militar —que para la primera quincena de octubre rondó los 6.500 millones de dólares—, la donación marca una decisión sin precedente. Sí representa un gesto simbólico y político de relevancia, en el que el presidente Donald Trump calificó al donante como un “gran patriota” durante un acto público.
No obstante, la donación ha suscitado interrogantes serios: ¿puede legalmente el Pentágono aceptar y emplear fondos privados para pagar salarios del personal militar cuando el Congreso no ha aprobado la asignación correspondiente? ¿Cuál es el precedente para la financiación privada de la burocracia militar? Analistas recuerdan que las disposiciones normativas permiten donaciones a instituciones como museos militares o programas para veteranos, pero no para la nómina activa general.
Mientras tanto, funcionarios del Departamento de Defensa y del Tesoro declinaron ofrecer detalles sobre la identidad del donante —que fuentes identifican como el magnate Timothy Mellon— o sobre los mecanismos exactos de incorporación del dinero donado a los presupuestos del Departamento.
Este episodio agrava el debate sobre el impacto del cierre gubernamental: por un lado, se rescata parcialmente a las tropas, pero por otro se abre una vía de financiación no legislada que desafía los límites tradicionales del gasto público. El Congreso centra sus esfuerzos, como es habitual, en resolver el estancamiento presupuestario, mientras que la Administración maneja soluciones de contingencia que, de prosperar, podrían cambiar el marco de responsabilidad financiera de las políticas de defensa.
