GUATEMALA.- El mandatario de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, presentó el lunes una denuncia formal que solicita la suspensión provisional y eventual destitución del juez Fredy Orellana, quien actuó penalmente para que se declarara vacante la Presidencia del país.
Esta denuncia sigue a las alertas mandatario de un continuado intento de «golpe de Estado» orquestado por Orellana y la cúpula del Ministerio Público (MP, Fiscalía), encabezada por Consuelo Porras. Ambos funcionarios están sancionados por Estados Unidos y la Unión Europea por sus acciones, con las que han intentado revertir los resultados de las elecciones de 2023 que dieron la victoria a Arévalo.
El jefe de Estado presentó ante la Junta de Disciplina Judicial la denuncia contra Orellana, quien mediante una resolución intentó anular la personalidad jurídica del partido oficial, Movimiento Semilla, y declarar vacante la Presidencia nacional.
En la denuncia, el gobernante argumenta que Orellana incurrió en «falta grave» al variar las formas del proceso tras declarar la nulidad absoluta del comité pro-formación del partido Movimiento Semilla. Asimismo, señala una «falta gravísima» por «interferir en el ejercicio de funciones de otros organismos del Estado».
Estas faltas se fundamentan en la resolución emitida por el juez el pasado 24 de octubre, que fue anulada la semana pasada por la Corte de Constitucionalidad (CC), el máximo tribunal del país.
La CC había blindado el proceso electoral en diciembre de 2023 reiterando la inalterabilidad de los resultados y que la suspensión o cancelación de un partido es competencia exclusiva del Tribunal Supremo Electoral (TSE), no de un juez penal.
La petición de Arévalo a la Junta de Disciplina Judicial incluye la solicitud de la destitución e inhabilitación de Orellana para ejercer cualquier cargo en el organismo judicial, al considerar la sanción correspondiente para ambas faltas.
Además, el mandatario solicitó que, conforme a la ley, se certifique lo conducente al Ministerio Público por existir indicios de responsabilidad penal por los delitos de prevaricación, resoluciones violatorias a la Constitución, abuso de autoridad y usurpación de atribuciones.
El presidente guatemalteco busca así activar una investigación penal contra el juez por el presunto uso de procesos judiciales ilegítimos «para subvertir el orden democrático y la voluntad popular» expresada en las elecciones de 2023.
