A casi dos años del inicio del proceso judicial del Caso NIDO, seguimos presenciando un patrón vergonzoso y descarado de reenvíos, sustituciones e incidentes procesales que solo sirven para beneficiar a los imputados y burlar a la justicia.
Ya sumamos 48 audiencias, sí, cuarenta y ocho, la mayoría suspendidas por maniobras dilatorias, ausencias estratégicas y “excusas” fabricadas por los acusados y sus abogados defensores.
Cada aplazamiento es una ofensa a la dignidad de las víctimas y una afrenta directa al sistema judicial dominicano, que sigue mostrando una peligrosa inclinación hacia los poderosos y los bien conectados.
Mientras los imputados disfrutan de privilegios, protección e impunidad, las víctimas seguimos pagando el precio del abandono institucional, cargando con traumas, amenazas y desgaste emocional. En mi caso particular, he recibido amenazas de muerte, un hecho que las autoridades conocen y ante el cual han optado por el silencio.
Para el 14 de noviembre, Enmanuel Rivera apeló la medida de coerción, y todo indica que podrían ser favorecidos con su libertad. Las señales son evidentes, los amarres judiciales están hechos, y el país tiene derecho a saberlo.
Lo que se está jugando aquí no es solo un caso judicial, sino la credibilidad de la justicia Dominicana, NO se puede hablar de justicia cuando la intimidación intenta silenciar a quienes buscan verdad y reparación.
Responsabilizo públicamente al sistema judicial dominicano de cualquier atentado contra mi integridad física o moral, y reitero mi compromiso con las víctimas del caso NIDO y con la lucha por un país donde la justicia no tenga precio ni dueño.
