NUEVA YORK.-Bajo el atractivo eslogan de la “Doble Ciudadanía”, varios consulados dominicanos en Estados Unidos han convertido un servicio institucional en un negocio paralelo que perjudica tanto a la comunidad dominicana como a los negocios legales que operan en el área.
En apariencia, los consulados están ayudando a los dominicanos a obtener su nacionalidad por descendencia. Pero en la práctica, están promoviendo y cobrando servicios que no les competen, utilizando la bandera de la “Doble Ciudadanía” como excusa para captar ciudadanos y ofrecerles apostillado, traducción y preparación de documentos estadounidenses.
Sin embargo, el proceso de transcripción de actas de nacimiento extranjeras, paso clave para obtener la doble ciudadanía dominicana, no lo realiza el consulado, sino la Junta Central Electoral (JCE). Es la JCE, y solo la JCE, la institución legalmente responsable de registrar los nacimientos ocurridos en el exterior de hijos de padres dominicanos.
Lo que realmente hacen los consulados es publicitar el proceso como si fuera propio, generando confusión en la comunidad. Los ciudadanos creen que el consulado les tramitará la doble ciudadanía, cuando en realidad solo les venden los servicios de preparación documental, aprovechando el prestigio del Estado dominicano para competir con negocios privados que sí pagan impuestos y cumplen las leyes locales.
Esta práctica no solo viola la confianza del público, sino también el Artículo 2 del Convenio de Viena sobre Relaciones Consulares, que prohíbe expresamente a las oficinas consulares participar en actividades de carácter comercial o lucrativo en el país donde operan.
Bajo este esquema, el consulado actúa como intermediario de un negocio que nada tiene que ver con la función consular. Se promocionan como facilitadores de la Doble Ciudadanía, pero su verdadera actividad consiste en apostillar y traducir documentos estadounidenses, lo cual deben realizar notarios, agencias o empresas registradas en el territorio de Estados Unidos, no funcionarios diplomáticos.
El resultado es un daño doble: por un lado, los ciudadanos dominicanos son confundidos; por otro, los negocios locales que operan dentro del marco legal son desplazados por una competencia desleal amparada en el escudo del Estado.
La “Doble Ciudadanía” se ha convertido, en manos de algunos consulados, en una marca de marketing institucional que oculta un propósito económico. Y es hora de que la Junta Central Electoral y el Ministerio de Relaciones Exteriores pongan un alto a esa práctica, que desvirtúa la función consular y afecta la credibilidad de las instituciones dominicanas en el exterior.
