WASHINGTON.-El Departamento de Guerra, por orden del presidente Donald Trump, llevó a cabo el jueves el ataque número 17 contra una embarcación presuntamente operada por un terrorista designado, informó el secretario de Defensa, Pete Hegseth.
«Como ya hemos dicho, los ataques a buques contra narcoterroristas continuarán hasta que cese el envenenamiento del pueblo estadounidense», publicó el funcionario en su cuenta de X.
«El buque traficaba narcóticos en el Caribe y fue atacado en aguas internacionales», aseguró Hegseth. «Ningún miembro de las fuerzas estadounidenses resultó herido en el ataque, y tres narcoterroristas que se encontraban a bordo murieron».
«A todos los narcoterroristas que amenazan nuestra patria: si quieren seguir vivos, dejen de traficar drogas. Si continúan traficando drogas letales, los mataremos».
El mes pasado, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) y el Centro para los Derechos Constitucionales solicitaron la opinión de la Oficina de Asesoría Legal del Departamento de Justicia sobre los ataques.
Los grupos sostienen que los ataques no son legales porque quienes están a bordo son civiles y no se ha declarado la guerra contra las supuestas organizaciones narcotraficantes.
«En un sistema constitucional, ningún presidente puede, arbitrariamente, asesinar a personas desde el aire por capricho o por orden suya», declaró Baher Azmy, director jurídico del Centro para los Derechos Constitucionales. «El gobierno de Trump está llevando su patrón indiscriminado de ilegalidad a un nivel letal».
Fracasa en el Senado intento por frenar ofensiva de Trump en el Caribe
La ofensiva de Trump contra embarcaciones en el Caribe y el Pacifico oriental estuvo bajo la lupa este jueves, por cuenta de un intento en el Senado de EE.UU. para frenar los ataques. La resolución que buscaba detener los bombardeos, y que se había considerado principalmente simbólica, fue rechazada con 49 votos a favor y 51 en contra. Lo que deja vía libre para que continúen las operaciones del Comando Sur.
Ahora bien, la norma tenía posibilidades casi nulas de ser implementada, no solo porque tendría difícil superar un siguiente obstáculo en la Cámara de Representantes, sino porque también debía ser ratificada por el propio Trump.
El bloque republicano se desligó de la medida durante la votación, pese a que algunos miembros se habían unido esta semana a la exigencia de que el gobierno informara detalles sobre los ataques contra lanchas en aguas internacionales.
El senador demócrata Tim Kaine, de Virginia, presentó la iniciativa con el apoyo de algunos republicanos, argumentando que están «cansados de que el Congreso abdique todo el poder de forma solemne sobre un presidente».
Estas acciones militares han elevado las tensiones regionales. El presidente venezolano, Nicolás Maduro —a quien Washington acusa de narcotráfico, sin pruebas—, ha denunciado que el despliegue estadounidense es un pretexto para “imponer un cambio de régimen” en Caracas y apoderarse del petróleo venezolano. El mandatario insiste en que no existen cultivos de drogas en su país y que las acusaciones forman parte de una campaña política.
Mientras tanto, la administración de Trump ha informado al Congreso que Estados Unidos se encuentra involucrado en un “conflicto armado” con los cárteles de drogas latinoamericanos, a los que describe como “grupos terroristas” para justificar las operaciones militares.
Sin embargo, los gobiernos y las familias de las víctimas de los ataques estadounidenses sostienen que muchos de los fallecidos eran civiles, principalmente pescadores. En la misma línea, Turk, ha señalado que las muertes se produjeron “en circunstancias que no encuentran justificación en el derecho internacional”.
