La Ley General de Telecomunicaciones Convergentes, propuesta por el presidente Daniel Ortega, y que deroga la anterior de telecomunicaciones y correos postales, entró en vigencia tras ser publicada en el Diario Oficial, La Gaceta, después de ser aprobada por unanimidad por el Parlamento, controlado por los sandinistas y aliados.

El artículo 109 de esa ley establece que “los operadores de servicios públicos de telecomunicaciones y proveedores de servicios de comunicaciones audiovisuales están obligados a suministrar toda la información que le sea requerida, incluyendo información estadística y georreferenciada, en forma periódica o como resultado de requerimientos específicos de Telcor, en el ejercicio de sus facultades regulatorias”.

“Para tal efecto, la información requerida deberá ser proporcionada, de forma detallada, exacta, veraz, oportuna y comprobable”, según la norma.

Es decir, la información estadística y georrereferenciada deberá ser entregada al estatal Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor), ente regulador del sector, que dirige Nahima Janett Díaz Flores, una de las hijas del jefe de la Policía Nacional, Francisco Díaz, quien es a su vez consuegro de los esposos y copresidentes del país, Daniel Ortega y Rosario Murillo.

La nueva norma establece también que Telcor obligará a los canales locales y creadores audiovisuales, que generen o proveen programas y contenidos por internet, a solicitar una licencia para operar en Nicaragua.

Según el Ejecutivo, la nueva ley está orientada a promover la conectividad de alta velocidad, de calidad y asequible para los usuarios de Nicaragua.

Oposición: la nueva norma busca “vigilar”

Sin embargo, opositores y la Asociación de Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN) denuncian que con esta nueva norma de telecomunicaciones, el Gobierno sandinista busca “vigilar” a los nicaragüenses y a todas aquellas personas con teléfonos celulares de Nicaragua.

Según el exdiputado nicaragüense desnacionalizado Eliseo Núñez, miembro de la opositora Concertación Democrática Nicaragüense, el artículo 109 de esa ley obliga a las telefónicas a darle información al ente regulador de lo que consumen los usuarios.

Para la oposición, el Gobierno promovió esa ley para perfilar a las personas que sean de su interés en Nicaragua, entre los que mencionó a los del Ejército, la Policía y los empleados estatales.