La pieza, elaborada por el senador Franklin Romero, tiene el objetivo de saldar montos pendientes de empresarios que ejecutaron diversos proyectos, los cuales requerían “reformulación de presupuestos y la inclusión de trabajos adicionales”.
Asimismo, contempla a ingenieros y constructores que desarrollaron labores “menores y mantenimientos correctivos, dando lugar a múltiples intervenciones sin el debido respaldo contractual”.
El documento legislativo, aprobado de urgencia este lunes en la Cámara de Diputados, fue rechazado por las bancadas políticas opositoras, ya que, según coincidieron, debía pasar antes por un proceso de discusión que les permitiera a los representantes conocer el contenido de la propuesta.
¿Cuánto dinero pagará el Gobierno?
La principal preocupación de los bloques Fuerza del Pueblo (FP) y Partido de la Liberación Dominicana (PLD), manifestada momentos antes de haber sido sometida a votación, es la falta de detalles y explicaciones que contiene el documento legislativo.
“Este proyecto de ley tiene una falencia muy importante: no tiene monto de obras y no tiene fecha de la ejecución de la obra”, expresó el vocero de la FP, diputado Rafael Castillo.
Los representantes del PLD y la FP aclararon que no estaban en desacuerdo con la finalidad del proyecto, sin embargo, señalaron la posibilidad de que empresas vinculadas al Gobierno fueran beneficiadas económicamente, sin merecerlo.
“La FP que está 100% constante de que se le pague a todas las personas, pero nosotros no creemos que es justo pagarle a personas que vayan a aprovecharse de esta dispensa porque tienen algún vínculo con el gobierno. No tenemos el monto de lo que se va a pagar y no tiene la descripción de la obra”, dijo Castillo.
El diputado Carlos de Pérez cuestionó la rapidez con la cual la bancada del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y sus aliados intentaba votar la pieza, sin que cada congresista pueda comprobar la existencia de las obras mencionadas en el documento, así como la confirmación de quienes fueron los constructores.
“Aquí menciona obras de la Romana, pero no puedo verificar porque yo busqué una copia del proyecto (en medio de la sesión)… No he tenido el tiempo para poder comprobarlo”, dijo De Pérez, representante de la provincia La Romana, al advertir sobre la premura con la cual se conocía la pieza.
El senador Romero dejó en manos de los integrantes del Ministerio de Hacienda y Economía la responsabilidad de identificar la cantidad exacta que deberá pagar el Poder Ejecutivo a las empresas e ingenieros.
El artículo tres establece en las condiciones de aplicación que esa institución gubernamental determinará, a través de un proceso de “verificación y validación”, los “montos finales a pagar”.
“Cuyos volúmenes y cantidades deberán calcularse a los precios vigentes en las fechas de las ejecuciones de los trabajos que se traten”, indica la pieza pendiente de promulgación.
Dentro de estas contrataciones irregulares se encuentran obras pactadas por las autoridades gubernamentales desde el año 1990, hasta la fecha.
Así lo explicó el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, luego de haber recibido esa información compartida por el Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (Codia), quienes sostuvieron en horas de la mañana varias reuniones con las principales bancadas en la Cámara Baja para promover la aprobación de la pieza.
Las entidades gubernamentales que mantienen el endeudamiento son las siguientes: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), el Ministerio de Educación (Minerd), el Instituto de Auxilios y Viviendas (Inavi), el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indri), el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillado (Inapa), la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Provincial (Cpadp).
Asimismo, la Junta Central Electoral (JCE), la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd) el Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones (Mivhed), entre otras.
Pendiente de promulgación
El Poder Ejecutivo deberá decidir si promulgará el proyecto convertido en ley o presentará una observación con el objetivo de modificarlo. El artículo 101 de la Constitución le ordena al presidente de la República hacerlo en un plazo máximo de cinco días, tras haberla recibido, debido a que fue aprobada mediante una declaración de urgencia.
