SAN JOSÉ DE OCOA.- La empresa Agroforestal Macapi y su propietario, Manuel Castillo Pimentel, han sido condenados por daños ambientales ocasionados en Loma Redonda, San José de Ocoa.
La sentencia, dictada el 11 de mayo de 2023 bajo el número 00010/2023 por el juez Alfis Brandeli Castillo Castillo del Tribunal Colegiado del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San José de Ocoa, fue notificada al Ministerio Público el 10 de diciembre de 2025, tras las gestiones de la Proedemaren.
El procurador de corte Francisco Contreras, titular de la Proedemaren, destacó la condena y la reparación ordenada.
La empresa y Castillo Pimentel fueron procesados por infringir los artículos 40, 41 (numerales 8 y 18, y párrafo II), 80, 121, 122, 124, 126, 138, 156, 174, 175 (numeral 1) y 183 de la Ley 64-00 (Ley General de Medio Ambiente y Recursos Naturales), así como los artículos 62 (numeral 1), 63 y 64 de la Ley 57-18 (Ley Sectorial Forestal de la República Dominicana), en perjuicio del Estado dominicano.
La pena de prisión para Castillo Pimentel fue suspendida en aplicación del Artículo 341 del Código Procesal Penal.
La Proedemaren inició el proceso en julio de 2022. La acusación señala que la empresa y Castillo Pimentel son responsables de daños ambientales que perjudicaron los recursos del suelo, la biodiversidad (flora, fauna y recursos hídricos) y causaron impacto ambiental en Loma Redonda.
Estos daños incluyen la deforestación de más de 150 tareas, con la eliminación de especies nativas como nin, jobo de puerco, guama, uva, palo hediondo, lino, caimito, candelón, cucaracha, bejucos, almácigo, caya, jabilla y bayahonda, entre otras. También se afectó una fuente hídrica, llevándola al borde del colapso, como consecuencia de la deforestación en un área aproximada de cuatro tareas.
Adicionalmente, se construyó una explanada de 13 mil metros cuadrados y varios caminos carreteros con una longitud de nueve kilómetros y una anchura de tres a cuatro metros.
Los fiscales Rudy Alberto Pérez Medrano, José Espinal Beato, Ramón Emilio Calderón y Héctor Santiago Peralta, de la Proedemaren, representaron al Ministerio Público en el caso. La sentencia también dispone que los procesados deben pagar las costas penales.
