Santo Domingo, D.N. — Un proceso judicial en curso ante la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional ha derivado en un embargo retentivo contra el subdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), Domingo Canela Colón, por una deuda que asciende a US$45,000.00.
La medida fue ejecutada el 20 de marzo de 2026 mediante el Acto No. 281/2026, instrumentado por un alguacil ordinario, e incluyó el embargo simultáneo de cuentas en cuatro entidades del sistema financiero dominicano: Banco de Reservas de la República Dominicana, Banco Popular Dominicano, Banco Múltiple BHD y Scotiabank. El monto retenido asciende a US$95,000.00, equivalente al doble de la deuda, conforme a lo establecido en el Código de Procedimiento Civil.
El caso se origina en un pagaré notarial firmado el 12 de enero de 2024, mediante el cual Canela Colón reconoció una deuda inicial de US$23,540.00, comprometiéndose a pagar en cuotas mensuales. Como garantía del acuerdo, entregó un vehículo bajo contrato de venta condicional, específicamente una Toyota Land Cruiser Prado VX.L, año 2022, cuya propiedad quedaba reservada al acreedor hasta saldar la totalidad de la obligación.
Sin embargo, según consta en el expediente, el funcionario incurrió en incumplimiento reiterado, realizando solo pagos parciales que no cubrieron la deuda. Como resultado, el monto adeudado se incrementó hasta los US$45,000.00, incluyendo intereses, mora y gastos legales.
El proceso también establece que, pese a múltiples requerimientos extrajudiciales, Canela Colón mantiene en su poder el vehículo dado en garantía, lo que podría constituir abuso de confianza conforme al artículo 408 del Código Penal Dominicano. Esta situación abre la posibilidad de acciones penales paralelas al proceso civil en curso.
En relación con el embargo, se documenta que una de las entidades bancarias notificadas confirmó la recepción de la medida el mismo día de su ejecución, mientras que otras informaron que el embargado no figura como cliente en sus registros.
El caso ha generado cuestionamientos sobre la conducta de funcionarios públicos frente al cumplimiento de obligaciones legales y contractuales, así como sobre la responsabilidad institucional en la supervisión de quienes ocupan cargos en el Estado. El proceso continúa su curso en los tribunales competentes, sustentado en documentación judicial de acceso público.
