SANTO DOMINGO.-El Ministerio Público solicitó el domingo la imposición de un año de prisión preventiva, como medida de coerción, contra el procurador fiscal Aurelio Valdez Alcántara, imputado de gestionar y recibir la suma de 10,000 dólares de una persona que se encontraba bajo investigación.
El arresto del imputado se produjo en flagrante delito el pasado viernes, durante una entrega controlada previamente autorizada por un tribunal, según informaron las autoridades.
La solicitud fue depositada por el procurador fiscal Andrés Mena ante la jueza de la Instrucción Especial de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, Ysis Muñiz Almonte. El expediente consta de unas 50 páginas.
- De acuerdo con la investigación, Valdez Alcántara habría exigido inicialmente 200,000 dólares a la persona investigada, monto que luego redujo a 150,000 dólares. Además, presuntamente manifestó interés en recibir un reloj marca Rolex y un vehículo Mercedes Benz, modelos 350 o 450.
Debido a que el imputado posee privilegio de jurisdicción, la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, solicitó la designación de un juez especial ante el presidente de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, Julio César E. Canó Alfau. En respuesta, la corte designó a Muñiz Almonte como jueza de la instrucción especial.
En la instancia, el órgano acusador también solicitó la fijación de la audiencia para conocer la medida de coerción.
La investigación es dirigida directamente por la procuradora general, quien reiteró que no se tolerarán actos de corrupción dentro de la institución.
«Jamás toleraremos actos de corrupción, sin importar quién lo haga», expresó Yeni Berenice Reynoso, al calificar el caso como grave y subrayar la responsabilidad de los fiscales en la persecución de los delitos.
La funcionaria aseguró que el Ministerio Público procurará que se aplique todo el peso de la ley en este caso.
El Consejo Superior del Ministerio Público destituyó al menos 10 fiscales en los últimos años por cometer faltas graves en el ejercicio de sus funciones, entre las que se incluyen favorecimiento al crimen organizado, tráfico de drogas, tráfico ilícito de cigarrillos, nepotismo, abuso de poder y otros delitos.
De acuerdo al organismo, las medidas disciplinarias se adoptaron tras la comprobación de los hechos por el Consejo Disciplinario, que determinó violaciones graves a la ética y al correcto desempeño institucional. Como sanción adicional, ninguno de los fiscales podrá volver a ocupar cargos en el Ministerio Público, resguardando la integridad del órgano persecutor.
