En el centro del debate está la interpretación de la Enmienda 14 de la Constitución, específicamente la llamada Cláusula de Ciudadanía, que establece que son ciudadanos «todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos y sujetas a su jurisdicción«.
El gobierno de Trump defenderá que los hijos de personas que se encuentran en el país de manera ilegal o temporal no cumplen con ese requisito de «jurisdicción«, por lo que no tendrían derecho automático a la ciudadanía.
- Esta postura ha sido respaldada por algunos sectores conservadores, que consideran que la interpretación tradicional de la enmienda es demasiado amplia.
El procurador general D. John Sauer sostendrá ante los jueces que el caso representa una oportunidad para corregir lo que describe como errores históricos en la interpretación constitucional, argumentando que la ciudadanía por nacimiento no debe aplicarse de forma universal.
Del lado contrario, organizaciones de derechos civiles, encabezadas por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), argumentarán que la orden ejecutiva contradice tanto el texto claro de la Constitución como más de un siglo de precedentes legales. También subrayan que la frase «sujetas a su jurisdicción» siempre ha incluido a casi todas las personas nacidas en territorio estadounidense, con excepciones muy limitadas.
Reacciones y consecuencias legales de la orden ejecutiva
La directora legal de la ACLU, Cecillia Wang, será una de las principales voces en oposición a la medida, insistiendo en que el intento de reinterpretar la ciudadanía representa un cambio radical sin base jurídica.
El caso también llega al Supremo con el peso de decisiones previas de tribunales inferiores, que han bloqueado la orden al considerar que «probablemente viola» la Constitución y la ley federal vigente. Sin embargo, la alta corte —de mayoría conservadora— ya ha permitido que algunas políticas migratorias restrictivas sigan adelante mientras se resuelven disputas legales.
El caso se perfila como uno de los más trascendentales en materia migratoria en décadas, al poner en juego la definición misma de quién puede ser considerado ciudadano estadounidense.
