SANTO DOMINGO.-En el expediente acusatorio contra los implicados en la Operación Onco14, el Ministerio Público sostiene que en el área de farmacia del Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC), se implementó un esquema irregular en el que se suministraban dosis incompletas de medicamentos utilizados en tratamientos contra el cáncer, que eran facturados de manera completa al Seguro Nacional de Salud (Senasa).
El órgano persecutor sostiene que, en el área de quimioterapia ambulatoria, el personal de farmacia supuestamente dividía un mismo frasco de medicamento entre dos pacientes, pero facturaba un frasco completo por cada uno, generando según la acusación, un cobro duplicado por una sola dosis suministrada.
Asimismo, la acusación establece que el personal de farmacia habría facturado medicamentos biológicos originales de marcas reconocidas, pero entregaba en su lugar equivalentes genéricos de menor costo, obteniendo una diferencia económica en perjuicio de los pacientes y la aseguradora.
Además, señaló que se privaron de insumos esenciales a pacientes con cáncer y se acumularon cuantiosas deuda con las casas farmacéuticas proveedoras.
Habitaciones privatizadas
Otra de las acusaciones descritas en el expediente está relacionada con la presunta privatización irregular de habitaciones del centro de salud.
Según la acusación, Lora Cruceta habría convertido habitaciones de uso común, cuyos costos eran cubiertos por los seguros médicos, en espacios privados cuyo pago debía ser asumido directamente por los pacientes.
El expediente indica que los pacientes que no podían cubrir esos costos debían inscribirse en una lista de espera hasta que se desocupara una de las habitaciones compartidas.
El Ministerio Público indicó que esta situación elevaba el riesgo de que los pacientes contrajeran infecciones o enfermedades en espacios de alto tránsito y exposición.
El expediente también señala que Héctor Antonio Lora Cruceta, durante su gestión como presidente del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer, habría prohibido que medicamentos donados al centro y aquellos entregados gratuitamente por visitadores médicos fueran suministrados sin costo a los pacientes.
Según la acusación, esta disposición habría estado acompañada de amenazas de despido al personal que incumpliera la orden, bajo el argumento de que la farmacia necesitaba vender los medicamentos y que los pacientes debían adquirirlos.
Para el Ministerio Público, esta práctica constituyó una apropiación indebida de bienes destinados a pacientes en condición de vulnerabilidad.
Según el director general de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, los implicados en la Operación Onco14 manejaron aproximadamente 3,700 millones de pesos provenientes de fondos del Senasa destinados al Instituto Oncológico Regional del Cibao.
