SANTO DOMINGO.- Apenas unos días después de que la muerte del joven Darlyn Emmanuel Mercado Reyes, durante un operativo policial en Santo Domingo Oeste, desatara un amplio debate sobre el uso de la fuerza y el cumplimiento de los protocolos de actuación de la Policía Nacional, un nuevo caso vuelve a colocar a la institución bajo el escrutinio público.
La indignación de sus allegados quedó evidenciada el jueves, cuando trasladaron el féretro con los restos de Valenzuela hasta la sede de la Dirección Regional de la Policía Nacional en San Cristóbal para exigir una investigación transparente que establezca las circunstancias de su muerte.
Según denunciaron, el joven presentó un cuadro de fiebre durante al menos tres días mientras permanecía recluido, sin que presuntamente recibiera la asistencia médica requerida. Aseguran que fue entregado a sus familiares el pasado lunes en estado agónico y falleció poco después.
El vocero de la Policía Nacional, coronel Diego Pesqueira, informó que el caso permanece bajo investigación y que la institución espera los resultados de la autopsia practicada por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para determinar de manera concluyente la causa del fallecimiento.
«Primero queremos solidarizarnos con los familiares de esta persona que lamentablemente perdió la vida en un hecho que se encuentra bajo investigación. Estamos a la espera de los resultados del Inacif que nos permitan establecer de manera inequívoca la causa de la muerte», expresó Pesqueira.
Dos casos, un mismo debate
El caso de Lucas Valenzuela ocurre en un momento en que la actuación de la Policía Nacional permanece bajo fuertes cuestionamientos tras la muerte de Darlyn Emmanuel Mercado Reyes, quien recibió un disparo a quemarropa por parte del cabo José Francisco Moronta Heredia durante un operativo realizado en el sector La Cañada de Guajimía, en Santo Domingo Oeste.
El hecho, captado en video y ampliamente difundido en redes sociales, provocó una ola de críticas por el uso excesivo de la fuerza y por la actuación del resto de los agentes presentes en la escena.
Como consecuencia, la Policía Nacional suspendió a cinco integrantes de la patrulla que acompañaban al cabo Moronta Heredia, al considerar que pudieron haber incurrido en faltas disciplinarias o actuar con negligencia durante el procedimiento.
En ese momento, el coronel Diego Pesqueira explicó que, aunque el cabo fue arrestado inmediatamente por tratarse de un hecho flagrante, también correspondía investigar la conducta de los demás agentes, debido a las imágenes que evidenciaban una falta de intervención y de asistencia a la víctima.
Protocolos bajo la lupa
Aunque ambos casos presentan circunstancias distintas, uno relacionado con el uso de la fuerza durante un operativo y otro con la atención brindada a una persona bajo custodia, ambos tienen un elemento en común: vuelven a poner en duda el cumplimiento de los protocolos policiales y la responsabilidad de los agentes frente a las personas que quedan bajo su control.
La muerte de Darlyn Mercado abrió el debate sobre la aplicación de los protocolos de abordaje ciudadano, el uso proporcional de la fuerza, la intervención de los demás miembros de la patrulla y la obligación de brindar asistencia inmediata a una persona herida.
Ahora, el fallecimiento de Miguel Antonio Lucas Valenzuela incorpora otro aspecto a la discusión: el deber de garantizar la integridad física y el acceso oportuno a atención médica de toda persona detenida mientras permanece bajo custodia del Estado.
Estos hechos se producen mientras el Gobierno impulsa la transformación de la Policía Nacional, invirtiendo cuantiosos recursos economicos y el Congreso estudia modificaciones a la Ley Orgánica 590-16, orientadas a fortalecer los mecanismos de supervisión, control interno y rendición de cuentas de los agentes.
