SANTO DOMINGO.– La titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, negó este jueves que el Ministerio Público haya alcanzado algún acuerdo con el exdirector ejecutivo del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), Santiago Hazim, como se había divulgado en los últimos días.
Ortiz habló al salir de la audiencia de revisión obligatoria de las medidas de coerción del caso SeNaSa, la cual fue aplazada nuevamente. Explicó que este tipo de audiencia tiene como propósito determinar si han variado las circunstancias que dieron origen a la medida de coerción impuesta inicialmente a los imputados.
“En este momento el Ministerio Público no puede afirmar que tiene ningún tipo de acuerdos porque no existen tales acuerdos”, afirmó la procuradora de corte.
La funcionaria, sin embargo, aclaró que el Ministerio Público no descarta la posibilidad de llegar a acuerdos con algunos de los imputados en el futuro, siempre que se cumplan las condiciones establecidas por la ley.
“Somos proacuerdos y no negamos la posibilidad de que en un futuro, si se dieran las condiciones, pudieran existir esos acuerdos. En este momento no existen”, sostuvo Ortiz.
¿De dónde surgieron las versiones sobre los acuerdos?
Otras publicaciones indicaron que algunos de los procesados estarían explorando acuerdos que podrían incluir colaboración con las autoridades a cambio de beneficios procesales. Sin embargo, esas informaciones no identificaron de manera oficial a los cinco imputados ni establecieron que existiera un acuerdo definitivo con Santiago Hazim.
El propio Ministerio Público ha señalado anteriormente que algunos imputados han colaborado con la investigación. Durante el conocimiento de las medidas de coerción, Ortiz informó que tres procesados habían admitido su participación y habían colaborado con las autoridades.
Un caso que supera los RD$15 mil millones
El caso SeNaSa, denominado Operación Cobra, investiga un presunto entramado de corrupción administrativa que, según el Ministerio Público, habría provocado un perjuicio millonario a la aseguradora estatal.
Entre los principales imputados se encuentra Santiago Hazim, quien dirigió SeNaSa entre 2020 y 2025. La acusación sostiene que durante ese período habría operado una estructura que involucraba a funcionarios y empresarios en supuestos esquemas de sobornos, contratos irregulares, facturación fraudulenta y otras maniobras en perjuicio de los recursos destinados a la salud pública.
El expediente atribuye a los imputados delitos como coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, soborno, estafa contra el Estado, desfalco, falsificación y lavado de activos.
Las investigaciones también han recogido declaraciones de implicados que vinculan parte del dinero presuntamente obtenido mediante sobornos con el financiamiento de actividades políticas y electorales. De acuerdo con interrogatorios publicados, uno de los declarantes sostuvo que Hazim decía que el dinero en efectivo estaba destinado a las elecciones. Estas afirmaciones forman parte de la investigación y no constituyen una condena contra las personas señaladas.
Revisión de medidas
La audiencia de este jueves no tenía como objetivo determinar la culpabilidad o inocencia de los imputados, sino revisar si permanecen las condiciones que justificaron las medidas de coerción.
Hazim y otros imputados cumplen prisión preventiva, medida que fue ratificada previamente por los tribunales. En abril, el tribunal mantuvo la prisión preventiva contra Hazim y otros seis procesados y estableció el 30 de julio como fecha para la revisión obligatoria.
Tras el nuevo aplazamiento, el proceso queda pendiente de la próxima audiencia, mientras el Ministerio Público mantiene abierta la posibilidad de eventuales acuerdos, pero deja claro que hasta este momento no existe ningún acuerdo formal con Santiago Hazim.
Ortiz reiteró que cualquier eventual negociación dependerá de que se cumplan las condiciones requeridas y de que resulte jurídicamente procedente dentro del proceso.
