Por Plinio De Oleo
El Estado vuelve a perder.TC da sentencia a favor familia Peynado, legitimos
dueños terrenos Área Residencial Jose Contreras, D N.
El Tribunal Constitucional RD, acaba de emitir la Sentencia#TC 0771_26,a
favor de la familia Peynado, dueños legítimos de la parcela donde se
construyó el Residencial José Contreras en Santo Domingo. Bienes
Nacionales y el Estado Dominicano, prácticamente habían estafado a
miles de familias que adquirieron sus casas allí y no han podido obtener
sus títulos, al no pagar previamente a los dueños de esas valiosas
propiedades. ¡El Presidente Abinader, debe resolver esos conflictos!
Recientemente el Listín Diario público en sus páginas algo que da miedo y
vergüenza. No es una noticia cualquiera. Es el acta de defunción del Estado
de Derecho.
Cientos de sentencias firmes, definitivas y vinculantes del Tribunal Constitucional que diversas instituciones
públicas del Estado se niegan a acatar. A la cabeza de esa lista negra, la zarandeada y cuestionada Policía
Nacional, junto a ministerios, alcaldías, direcciones generales y entidades autónomas.
No estamos hablando de un fallo. Hablamos de cientos. De desacato sistemático.
I. EL QUIEBRE JURÍDICO
En República Dominicana el Tribunal Constitucional es el supremo intérprete de la Constitución. Artículo 184
de la Carta Magna. Sus decisiones son definitivas, irrevocables y vinculantes para todos los poderes públicos.
No hay apelación. No hay excusa. Se cumplen.
Cuando la Policía, el Ministerio de Interior, una alcaldía o cualquier institución decide no cumplir una
sentencia, está rompiendo la Constitución. Está cometiendo desacato y abuso de poder.
Es la consagración de un Estado que manda a cumplir la ley al ciudadano, pero que él mismo la viola.
¿Qué legitimidad tiene un fiscal para perseguir a un ciudadano por no pagar una multa, si el propio Estado
no paga, no repone, no acata, no indemniza cuando el Constitucional se lo ordena?
Ninguna.
II. EL QUIEBRE INSTITUCIONAL
Esto no es negligencia. Es un patrón. Un modus operandi.
1. El ciudadano es atropellado por el Estado.
2. Va al Tribunal Superior Administrativo y gana.
3. El Estado recurre y pierde.
4. Va al Constitucional y el Constitucional confirma: el Estado violó derechos.
5. El Constitucional ordena reposición, pago, cumplimiento.
