Presidente chileno Kast alcanza mínimo histórico con 22,1% de aprobación luego de bajar penas a pedófilos y violadores de menores

Días después, otro medio, El Mostrador, reveló que el ejecutivo también benefició a dos condenados por violaciones a los derechos humanos durante el régimen militar de Pinochet.

La medida se produjo a pesar de que una legislación aprobada en 2022 excluye a los pederastas de este tipo de beneficios, pensados para premiar la buena conducta de los reos.

«Existiendo normas constitucionales que obligan a aplicar la norma de manera inmediata, nos correspondía dictar esas resoluciones», defendió Rabat en una entrevista con una radio local, recordó AFP.

Desde el gobierno también aseguraron que los beneficiarios habían sido condenados antes de que entrara en vigor la reforma, por lo que escapaban a la disposición que prohíbe su aplicación con carácter retroactivo.

Días después, el ministro agregó otro argumento y se escudó en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia para justificar su actuación.

Sin embargo, las afirmaciones de Rabat fueron refutadas por la presidenta de la Corte, Gloria Ana Chevesich.

«Fue el ministro de Justicia quien dictó los decretos, conforme a las facultades legales que tiene», declaró la cabeza del Poder Judicial.

«Aquí hay una Comisión de Rebaja de Condenas que dicta una determinada decisión y, en consecuencia, si no se recurre mediante un recurso de amparo respecto de aquella decisión, es imposible que los tribunales, las cortes de apelaciones o la Corte Suprema puedan emitir un pronunciamiento sobre la materia», agregó.

Las medidas han desatado una ola de críticas contra Kast, quien llegó al poder con la promesa de proteger a la familia y a la niñez, además de combatir el crimen con mano dura.

«Aquí no se ha escuchado a las víctimas», declaró Rodrigo Bustos, director de Amnistía Internacional al Canal 24 Horas.

«Sinceramente, el presidente Kast no queda bien en ninguna de las situaciones. Si sabía que el ministro estaba firmando estos decretos para rebajar penas y, en muchos casos, dejar en libertad a violadores de niños y niñas, entonces estuvo de acuerdo. Si no lo sabía, al menos llama la atención que algo tan importante ocurra en su gobierno», apuntó el activista.

Las revelaciones han golpeado la ya maltrecha imagen del mandatario, cuya gestión es reprobada por el 66%, según la última encuesta de Plaza Pública.

De acuerdo con el mismo sondeo, el 92% de los ciudadanos rechaza también el beneficio concedido a los condenados.

Las medidas que no satisfacen

Kast indicó que no tomó ninguna medida contra el ministro porque «ese camino tranquiliza por unos días, pero no cambia el fondo de este grave problema».

«El camino difícil es hacerse cargo, corregir el error, cerrar la puerta para siempre y no soltar este tema hasta que quede solucionado. Ese es el camino que hemos elegido», agregó.

El presidente informó que presentará al Congreso un proyecto de ley que permita resolver el «vacío legal» que, a su juicio, permitió que se produjera esta situación.

Asimismo, anunció que su gobierno suspenderá la emisión de nuevos decretos para rebajar condenas a reos mientras el legislativo analiza el asunto.

El mensaje presidencial fue aplaudido por sus partidarios.

«Aquí existió un error político. Nos parece que es la primera señal que había que dar y me alegra que el presidente haya dicho algo en esa dirección: es que se van a hacer todos los esfuerzos necesarios para dejar sin efecto estos actos administrativos», declaró el diputado oficialista Diego Schalper, según reportó BioBio.

No obstante, estas medidas no han satisfecho a todos.

«Si de verdad creen que el camino difícil es hacerse cargo, el primer paso es pedirles la renuncia al ministro y al subsecretario de Justicia. Rabat y (Luis) Silva deben renunciar. Su presencia en el gobierno le hace un daño profundo a las víctimas y al país», escribió la senadora Fabiola Campillai en X.

Más duro se mostró el diputado opositor Gonzalo Winter, quien criticó que no se haya establecido ninguna responsabilidad política.

«Nadie sale de su cargo. Ni siquiera explican si esto fue un error o no de parte de ellos, que sería lo más básico a la hora de asumir un costo», denunció.

Rabat ha estado en el centro de la polémica desde que el gobierno asumió en marzo. El ministro, quien es abogado de profesión, defendió a Pinochet en 2004 en un caso de presunta malversación de fondos públicos durante la dictadura, archivado tras la muerte del general, recordó AFP.

¿Sin vuelta atrás?

El subsecretario de Gobierno, Gonzalo Arenas, admitió que el ejecutivo está «en deuda» con las víctimas y aseguró que las autoridades trabajan para revertir las medidas.

Sin embargo, expertos han puesto en duda que esto pueda lograrse, en virtud del principio de no retroactividad de la ley.

Según este principio del derecho penal, ninguna norma puede aplicarse hacia atrás, salvo que beneficie al reo, lo que impediría dejar sin efecto las medidas y volver a encarcelar a los beneficiados por estas polémicas rebajas.

«Si existe un vicio de legalidad, la administración tiene la potestad para invalidarlo dentro de un plazo de dos años desde que fue notificado o publicado», declaró a Radio Cooperativa el académico de la Universidad de los Andes, Pedro Anguita.

No obstante, el experto aclaró que «si los decretos ya generaron derechos a los beneficiarios, a mi juicio esta revocación no puede ser retroactiva».

«Es decir, el decreto queda anulado, pero, si ya produjo efecto y concedió un determinado beneficio, no se puede dejar sin efecto», remató.