SANTO DOMINGO.-A más de seis semanas del trágico derrumbe de la discoteca Jet Set, donde murieron 233 personas y más de 180 resultaron heridas, las preguntas sobre responsabilidades siguen sin respuesta clara.
Este miércoles, la firma legal Plutarco Jáquez presentó una instancia ante la Procuraduría General de la República exigiendo a Yeni Berenice que se active la acción pública contra Antonio Espaillat, propietario del local, por su presunta omisión en el caso.
Según denunció el abogado, es incomprensible que, a esta altura, Espaillat no haya sido sometido a interrogatorio. “No hay justificación para tanto retraso”, aseguró. “Esto parece protección encubierta”.
La solicitud busca activar mecanismos legales que obliguen al empresario a rendir cuentas, en medio de una creciente presión social y familiar de las víctimas.
Medidas judiciales ya están en marcha
Desde el pasado 7 de mayo, la Procuraduría ordenó la incautación de los espacios físicos de Jet Set como parte de las investigaciones. Además, se impusieron medidas cautelares para bloquear cualquier intento de transferir bienes patrimoniales o accionarios vinculados al empresario. Esto, con el objetivo de garantizar que no se evade la responsabilidad legal derivada del siniestro.
Hasta la fecha, se han presentado al menos 42 demandas civiles contra los propietarios del establecimiento, lo que refleja la magnitud del daño colectivo causado. Familias enteras quedaron devastadas tras perder seres queridos en lo que debió ser una noche de diversión, pero terminó siendo una de las mayores tragedias urbanas en la historia reciente del país caribeño.
Causas posibles detrás del colapso del Jet Set
Las pesquisas preliminares apuntan a fallas estructurales y negligencia en la supervisión del inmueble. Entre los factores analizados figuran la sobrecarga en el techo debido a equipos técnicos pesados, la falta de mantenimiento adecuado y posibles irregularidades en la construcción original del edificio.
La fiscal titular del Distrito Nacional, Rosalba Ramos Castillo, confirmó que fiscales de la Dirección de Persecución del Ministerio Público trabajan en paralelo para recolectar testimonios de sobrevivientes, familiares de fallecidos y testigos directos del incidente. Los cargos van desde homicidio involuntario hasta violaciones a normativas de seguridad.
El clamor de las familias afectadas
Más allá de los números y las cifras, detrás de cada nombre en la lista de víctimas hay una historia truncada, un sueño interrumpido y una familia destrozada. Las imágenes del rescate, los llantos de desesperación y los funerales masivos son recordatorios visuales de una tragedia que marcó a toda una nación.
Ahora, esos mismos familiares exigen justicia y transparencia, cansados de promesas vacías.
La joven Jennifer Morel, sobreviviente narra como salió ilesa de esta terrible tragedia que aún no puede olvidar.
