SANTO DOMINGO.-Amnistía Internacional emitió un llamado al gobierno dominicano para que garantice la protección de quienes defienden los derechos de migrantes haitianas, dominicanas de ascendencia haitiana y afrodescendientes, y que además tome acciones concretas para acallar a quienes promueven lo que ellos califican como discursos de odio y ataques contra estos defensores.
«Las autoridades dominicanas deben poner fin a las declaraciones, prácticas, políticas y decisiones anti derechos humanos que favorecen la persistencia del racismo estructural y que han producido un entorno habilitante para la discriminación»
“Las autoridades deben actuar contundentemente frente a las crecientes amenazas contra personas defensoras de derechos humanos. De lo contrario, éstas podrían derivar en violencia física y el silenciamiento permanente de una parte de la sociedad civil dominicana”, alertó en un comunicado Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
Amnistía subrayó que el Estado dominicano tiene la obligación de detener las políticas, discursos y prácticas institucionales que perpetúan lo que ellos califican como racismo estructural, entre ellas las expulsiones colectivas de ciudadanos haitianos, el perfilamiento racial de personas negras, y la negativa a garantizar la nacionalidad dominicana a ascendientes de haitianos nacidos en territorio dominicano luego de la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional en 2013.
Ataques y vigilancia digital
Amnistía Internacional denunció que activistas y organizaciones que trabajan en defensa de los derechos de las personas migrantes están siendo víctimas de doxing (exhibición pública de datos personales), amenazas en línea, ciberataques y campañas de descrédito.
“Nos alarma que los discursos racistas han incrementado su presencia en redes y medios, generando un asedio digital que estigmatiza, difama y amenaza a defensores. En algunos casos, incluso se ha inhabilitado el sitio web de una ONG”, denunció Piquer.
Casos recientes, como los ataques reportados por el Movimiento Sociocultural de Trabajo Humanitario y Ambiental (MOTSCHA), la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la organización Participación Ciudadana, reflejan, según Amnistía, una peligrosa normalización de la violencia contra quienes levantan la voz contra la discriminación racial.
Johanna Cilano, investigadora regional para el Caribe de Amnistía Internacional, fue enfática al señalar que el gobierno dominicano está incumpliendo sus compromisos internacionales de protección a los defensores de derechos humanos.
“No hacerlo sienta un peligroso precedente para la libertad de expresión de cualquier persona en el país”, subrayó.
La organización internacional también lamentó que muchas de las denuncias presentadas ante la Procuraduría General y la Policía Nacional no están siendo debidamente investigadas, lo que, según alertó, deja a los defensores en una situación de vulnerabilidad extrema.
