SANTO DOMINGO. -El conocimiento de la solicitud de medidas de coerción contra los diez militares y civiles arrestados en la denominada Operación Lobo fue aplazado para el próximo lunes a las 2:00 de la tarde por la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional.
El Ministerio Público pide prisión preventiva como medida cautelar para los imputados, a quienes acusa de formar parte de una red de corrupción administrativa dedicada a pagar y recibir sobornos para asegurar la adjudicación y mantenimiento de contratos de seguridad privada en instituciones públicas.
La procuradora de corte Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), explicó que la operación apenas comienza y que podrían producirse más arrestos en el transcurso de la investigación.
“Hemos identificado hasta el momento una suma pagada en sobornos que excede los 100 millones de pesos y contamos con más de 500 pruebas para demostrar en esta primera fase la implicación de todos los imputados”, detalló referente a Operación Lobo.
El Ministerio Público también solicitó que el proceso sea declarado complejo, dada la magnitud del entramado y las instituciones afectadas, entre ellas el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), el Seguro Nacional de Salud (Senasa) y las empresas distribuidoras de electricidad Edenorte, Edesur y Edeeste.
Los imputados son el mayor general retirado del Ejército Carlos Ambrosio Robles Díaz; los coroneles Andrés Pacheco Varela, Luis Ernesto Vicioso Bocio, Francisco Guarín Fernández y Elías Camaño Pérez; el coronel de la Fuerza Aérea Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar; el primer teniente del Ejército Wellington Peralta Santos; el empresario Quilvio Bienvenido Rodríguez González; el coronel de la Policía Ramón Quezada Ortiz y el civil Bolívar Nicolás Fernández Espinal.
Ortiz enfatizó que los implicados violaron la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas y que los delitos cometidos impactaron servicios dirigidos a poblaciones vulnerables y sectores estratégicos para el desarrollo económico y social del país.
La investigación que originó la Operación Lobo se inició a raíz de una denuncia presentada por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental.
El proceso continuará el lunes, cuando se espera que el tribunal conozca la solicitud de coerción en contra de los acusados.
