Muchas familias honestas están siendo engañadas.
El Estado dominicano debe brindar seguridad jurídica, protección, asistencia y asesoría legal a muchos dominicanos y extranjeros con raíces en la República Dominicana que son víctimas de bandas organizadas, mayormente en el área de bienes raíces (sector inmobiliario).
No hay un día en que no se conozca una denuncia de engaños y robos vulgares contra connacionales que salieron del país en busca de mejorar su situación socioeconómica y que, por amor a su patria, regresan con sus ahorros para adquirir su casa o apartamento, y en el proceso son vilmente estafados.
“Impotentes, cansados de visitar oficinas de fiscales, justicia, policía y abogados, y al final nada”, así se expresan los afectados.
Mi humilde y oportuna recomendación al Gobierno dominicano es que debe abrir urgentemente oficinas en consulados y embajadas donde sea extensa y numerosa la población de origen dominicano que ha sido víctima de estos robos y no es escuchada en sus reclamos.
Desde Nueva York, Massachusetts, Pensilvania y Florida, en Estados Unidos, así como en Europa —España, Italia, Alemania y Suecia— y también en países de Suramérica y el Caribe, se escucha el grito y el reclamo de ciudadanos esquilmados en la República Dominicana.
La situación es tan escandalosa que, en un pasado reciente, desde Nueva York se montó una estructura mafiosa con vínculos políticos y, aparentemente, esas redes siguen operando en el país, con poder político, económico y judicial.
La imagen de la República Dominicana queda cuestionada, porque entre las víctimas aparecen ciudadanos o familiares con fuertes vínculos con esos países.
Son variados los abusos y atropellos que sufren familias honestas que regresan a su país a organizar su vida y pasar el final de su fructífera existencia en sus pueblos, donde en vez de paz encuentran el mismo infierno, con autoridades indiferentes e incluso cómplices de esos abusos.
Ojo, presidente Abinader: ¡a trabajar por un país honesto!
