MADRID.-Begoña Gómez, la esposa del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, fue acusada formalmente de corrupción tras una investigación de varios años, según una resolución judicial publicada el lunes.
El caso gira en torno a la creación de una cátedra en la Universidad Complutense de Madrid que fue codirigida por Gómez y sobre el supuesto uso de recursos públicos y contactos personales para promover intereses privados.
El juez Juan Carlos Peinado imputó a Gómez por malversación, tráfico de influencias, corrupción y apropiación indebida de fondos, según un auto fechado el 11 de abril al que AFP tuvo acceso el lunes.
«La cátedra sirvió como un medio de desarrollo profesional privado para la persona investigada», escribió el juez.
Ahora corresponde a los tribunales decidir si Gómez, de 55 años, enfrentará juicio.
Gómez, que se encuentra en China con su esposo durante una visita oficial, ha negado cualquier irregularidad.
Sánchez ha desestimado las acusaciones contra su esposa como un intento de la derecha de socavar su Gobierno. Los partidos de la oposición han pedido su dimisión.
El hermano del presidente del gobierno, David Sánchez, también ha sido inculpado en una investigación aparte sobre un presunto tráfico de influencias relacionado con su contratación en un gobierno regional.
El antiguo colaborador de Sánchez y exministro de Transportes, José Luis Ábalos, fue juzgado este mes por presuntas comisiones ilegales vinculadas a contratos públicos.
Una denuncia presentada por la extrema derecha
La denuncia contra Gómez fue presentada por el colectivo anticorrupción Manos Limpias, liderado por un hombre vinculado a la extrema derecha llamado Miguel Bernad. El grupo ha presentado en el pasado numerosas demandas fallidas contra políticos.
El presidente denunció una «estrategia de acoso» durante meses destinada a debilitarlo políticamente y a atacar personalmente a su esposa.
Gómez y Sánchez se encuentran actualmente de visita oficial en China.
Por separado, el hermano del presidente, David Sánchez, ha sido imputado en una investigación por presunto tráfico de influencias relacionado con su contratación por un gobierno regional.
