En República Dominicana existe una realidad incómoda que vuelve una y otra vez al debate público: el destino de los bienes incautados al narcotráfico.
Propiedades, vehículos de lujo, fincas ganaderas y otros activos confiscados a grandes capos terminan muchas veces rodeados de sombras, denuncias y sospechas.
Durante años, las autoridades —entre ellas la Procuraduría General de la República, así como organismos militares y policiales— han asumido la custodia de estos bienes decomisados. Sin embargo, en múltiples casos se desconoce cuál ha sido su destino final o quién los administra realmente.
Propiedades de narcos bajo sospecha
La historia reciente del país está llena de casos sonoros. Figuras del narcotráfico como Quirino Ernesto Paulino Castillo o José Figueroa Agosto (entre otros nombres vinculados al crimen organizado) dejaron tras su caída propiedades millonarias, incluyendo:
Casas y apartamentos de alto valor
Fincas con ganado de alta calidad
Vehículos de lujo
Terrenos y negocios agrícolas
Yates lujosos.
Importantes cuentas bancarias.
Sin embargo, en numerosos casos estas propiedades han sido objeto de denuncias por uso irregular o usufructo por personas vinculadas al sistema judicial, cuerpos militares, policías o actores políticos, según han señalado diversas voces críticas.
Algunos observadores, incluso, afirman que funcionarios encargados de perseguir el crimen terminan conviviendo con los bienes confiscados al mismo narcotráfico que deben combatir, lo que plantea serias interrogantes éticas y legales.
Escándalos recientes
En los últimos meses también se han denunciado robos de ganado de alto valor en zonas como:
Monte Plata
Hato Mayor
El Seibo
Higüey
Según reportes, varias de estas sustracciones han ocurrido en fincas que previamente habían sido incautadas a presuntos narcotraficantes y estaban bajo custodia oficial.
¿Islas de poder dentro del Estado?
Algunos especialistas en seguridad y justicia sostienen que en torno a los bienes incautados podrían haberse formado verdaderas “islas de poder”, donde confluyen intereses políticos, económicos y criminales.
“Si organismos estadounidenses con acceso a expedientes sobre narcotráfico miraran con lupa lo que ocurre internamente con muchos de esos bienes, más de una cabeza rodaría”, comentó un analista conocedor del tema.
Incluso, se ha planteado que instituciones como el Departamento de Justicia de Estados Unidos, y sus órganos dependientes, que maneja espinosos casos dominicanos, podrían prestar mayor atención a la administración de estos activos.
Un tema pendiente
La administración transparente de los bienes incautados al narcotráfico sigue siendo uno de los grandes retos institucionales de República Dominicana.
Mientras tanto, la pregunta sigue flotando en el ambiente: ¿Quién controla realmente las propiedades que el Estado le quita al narcotráfico?
Porque cuando esos bienes desaparecen, se deterioran o terminan en manos equivocadas, no solo se pierde dinero público: también se debilita la lucha contra el crimen organizado.
