El hostigamiento y desplazamiento a dueños legítimos de empresas era parte del accionar de la red empresarial destinada a “manipular programas de salud del Seguro Nacional de Salud”, según el expediente de solicitud de medida de coerción a los imputados en la Operación Cobra.
Víctima de ese acoso intimidatorio habrían sido los co-fundadores de Nutrimed, Richard de Jesús Mariñez Alvarado y la doctora Milagros Almonte Encarnación.
Según el testimonio que de manera separada dieron al Ministerio Público, para la contratación del Programa de Nutrición y Suplementación, en octubre del 2020, Almonte Encarnación fue “obligada a ceder el 50 % de las acciones de la empresa Nutrimed a Cinty Acosta y a entregar el 40 % de los ingresos brutos del programa”.
Almonte Encarnación agregó que ella, además, quedó “ obligada a devolver 0.10 euros por unidad importada, a través de la empresa Punta del Río”.
Asimismo, afirmó que los precios de los kits de suplementos vendidos al Senasa entre RD$3,725 y RD$5,275 “eran inflados artificialmente, en comparación con los precios al público”
Ambos afirman que el exdirector del Senasa, Santiago Hazim Albainy, tuvo participación directa en las reuniones para la presentación del citado programa, lo que evidencia su conocimiento y anuencia respecto a dichas contrataciones.
El costo de la verdad
Las observaciones que, sobre la contratación de “prestadores innecesarios” recomendados por la dirección, “y la no contratación de otros que sí se requerían”, que hacía al Senasa Elsa Beatriz Santana Gautier, le costó el cargo de Analista de la Gerencia de Salud que tenía en el Senasa.
De acuerdo con su testimonio, en enero del 2024 fue desvinculada de la institución, “sin justificación”.
Violación de la Ley 340-06
La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) emitió un comunicado aclarando que los contratos entre el Senasa y los Prestadores de Servicios de Salud (PSS) no se rigen por la Ley 340-06.
Sin embargo, las investigaciones realizadas por la Unidad Antifraude de la Contraloría (CGR) indican que en el Senasa “se transgredieron de manera sistemática la Ley número 340-06 de Compras y Contrataciones (hallando el 35 % de los procesos adjudicados fuera de plazo y con requisitos restrictivos) y la Ley número 10-07 de Control Interno, demostrando la prevaricación y la inobservancia consciente de los funcionarios”.
Agrega que, “se comprueba la existencia de irregularidades contractuales y pagos sin el debido soporte con empresas claves del esquema, incluyendo a Khersum (7 contratos, adendas y aumento de pagos de 1,654% en cinco meses) y Farmacal SRL (con la transferencia de la facultad indelegable de autorizar pagos”.
Este informe fue elaborado por Yariely Hernández Camacho, encargada de Investigaciones de la Unidad Antifraude de la CGR, que dice que el Senasa “incurrió en maniobras fraudulentas y graves irregularidades administrativas”.
