EL SALVADOR. -«Aquí el que hable, el que critique, el que no se arrodille ante el ídolo, va preso», dijo el abogado Enrique Anaya en un programa de la televisión salvadoreña el 3 de junio.
Se refería al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, cuyo segundo mandato llevaba meses tachando de inconstitucional.
«Pero usted está hablando y está criticando», le contestó el entrevistador. «Sí y, por supuesto, tengo miedo», admitió Anaya, quien cuenta con un doctorado en Derecho Constitucional.
Cuatro días después fue detenido, acusado de lavado de dinero. No habían pasado ni tres semanas desde que la policía sacara de su casa a Ruth Eleonora López, otra abogada que ha cuestionado al mandatario y su gobierno, quien está hoy procesada por presunto enriquecimiento ilícito.
Esos arrestos de alto perfil y la salida del país de 40 periodistas y más de una decena de defensores de derechos humanos que alegan temor a correr la misma suerte, sumados a la recientemente aprobada Ley de Agentes Extranjeros, han hecho que organismos nacionales e internacionales adviertan de una escalada autoritaria en la nación centroamericana.
Un punto de inflexión en la presión sobre las voces críticas que, según los especialistas consultados por BBC Mundo, tendría que ver con que Bukele se siente respaldado por su alianza con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien no solo lo ha alabado sino que lo ha vuelto «imprescindible» para su propia política de deportaciones.
«Cree, con razón, que no va a tener ninguna crítica por parte de esta administración, como sí la tuvo de la de Biden», asegura Enrique Roig, quien fuera subsecretario asistente de la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del Departamento de Estado de EE.UU.
Departamento de Estado de EE.UU.
Una partidaria de la abogada de derechos humanos y jefa del departamento de anticorrupción de la ONG Cristosal, Ruth López, sostiene un cartel afuera del Centro Judicial Isidro Menéndez en San Salvador, el 4 de junio de 2025.
Fuente de la imagen,Getty Images
Ni la Fiscalía ni Presidencia han contestado a las numerosas solicitudes de entrevista de BBC Mundo. Pero el 1 de junio, durante su discurso anual ante la nación, el mandatario se dirigió a los medios y les dijo: «¿Saben qué? Me tiene sin cuidado que me llamen dictador. Prefiero eso a que maten salvadoreños por la calle».
Y así pasó a destacar una vez más sus logros en seguridad, los que le han granjeado un arrollador respaldo entre la población, tal como lo siguen mostrando las encuestas.
La más reciente, la del Instituto de Opinión Pública (Iudop) de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), le otorga una nota del 8,15, aunque también apunta a que casi seis de cada 10 salvadoreños temen sufrir represalias si critican al gobierno .
Detenciones de alto perfil
Dos semanas después de su aprehensión, este lunes el juez decretó detención provisional para Anaya y mandó su caso a instrucción, en un proceso idéntico al de Ruth López.
«¡No me van a callar, un juicio público quiero!», gritó López frente a los medios, antes de comparecer a su audiencia inicial el 4 de junio. Y a la salida, declaró: «Todas las imputaciones son por mi actividad jurídica, por mi denuncia contra la corrupción en el gobierno. Soy inocente, soy una presa política».
Como jefa de la Unidad Anticorrupción de la organización de derechos humanos Cristosal, la abogada habría denunciado al menos 50 posibles casos durante el gobierno de Bukele.
La abogada de derechos humanos y jefa de la unidad anticorrupción de Cristosal, Ruth Eleonora López, a su llegada a la audiencia inicial en el Centro Judicial Isidro Menéndez de San Salvador, El Salvador, el 4 de junio de 2025. Foto: Marvin RECINOS / AFP vía Getty
Ahora, tanto su defensa como la de Anaya temen que la detención de ambos se alargue bajo un régimen de excepción que suspende garantías constitucionales.
Decretado hace más de tres años por la Asamblea a pedido de Bukele, como instrumento central para su combate a las pandillas, ha permitido reducir drásticamente los homicidios al tiempo que ha vuelto El Salvador uno de los países con la tasa de encarcelamiento más alta.
En una entrevista reciente con BBC Mundo, el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, afirmó que, a pesar de que en el país solo quedan los remanentes de las en su día sangrientas estructuras criminales, no hay planes inmediatos para levantar el estado de emergencia que ya lleva 38 prórrogas.
Aunque con un perfil menos público, a las detenciones de Anaya y López se suman al menos la de otra decena de defensores de derechos humanos, activistas, líderes campesinos y empresarios del transporte registradas en mayo.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) es uno de tantos organismos que ha mostrado preocupación ante ellas, así como ante «la existencia de órdenes de arresto» contra otros defensores de derechos humanos.
«Organizaciones de la sociedad civil cuestionan que las causas penales serían una forma de represalia por su labor con personas detenidas durante el régimen de excepción y por denuncias de abusos en las cárceles», ha dicho la entidad, que forma parte de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
«Frente a las alegaciones sobre el uso indebido del derecho penal con el posible fin de intimidar, castigar o impedir las actividades de defensa de derechos humanos, la CIDH llama al Estado a abstenerse de incurrir en esta práctica».
«Éxodo masivo»
En este contexto, son varios los activistas y trabajadores de organismos de derechos humanos que han optado por abandonar el país en las últimas semanas.
Es el caso de la directora del Socorro Jurídico Humanitario (SJH), Ingrid Escobar, quien anunció la decisión el sábado, explicando que había sido alertada de una potencial orden de arresto en su contra.
El SJH, que nació poco después de la aprobación del régimen de excepción en marzo de 2022, ha dado seguimiento al menos a 10.000 casos de detenciones que consideran indebidas y ha denunciado la muerte de más de 400 personas bajo custodia del Estado.
Sobre esto último, el que fuera hasta inicios de mes el comisionado presidencial para los Derechos Humanos y Libertad de Expresión, Andrés Guzmán Caballero, le dijo en entrevista a BBC Mundo que su oficina revisó y remitió cada uno de los casos que le llegaron para que fueran investigados por la entidad competente.
«Todos los documentamos y los informamos, al punto que no hay un solo expediente abierto contra el gobierno de El Salvador por desapariciones, homicidios o torturas dentro del sistema carcelario», afirmó, al tiempo que cuestionaba por qué ya «nadie pregunta sobre las víctimas de las pandillas».
La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) ha informado asimismo de un «éxodo masivo» en el sector.
Según un comunicado al que se unieron otras organizaciones de prensa, existe un «desplazamiento forzado» de unos 40 periodistas «como resultado de un patrón sostenido de hostigamiento, intimidación y restricciones arbitrarias al ejercicio periodístico».
Óscar Martínez, el editor jefe del medio digital El Faro, había salido del país junto a otros colegas tras una publicación con gran repercusión.
«Estábamos a punto de volver este fin de semana, pero supimos que estaban listos para capturarnos en el aeropuerto Monseñor Romero (de San Salvador) y sabemos por qué: por haber hecho periodismo, por haber denunciado los pactos de Bukele y las pandillas», escribió en la red social X el 9 de junio.
El Faro había publicado recientemente un video en el que dos líderes del Barrio 18 contaban a cámara, uno de ellos a cara descubierta, cómo habrían empezado los acercamientos de su organización criminal con el círculo de Bukele, los favores que según ellos habrían recibido y cómo presuntamente las pandillas le ayudaron al ahora presidente a llegar al poder.
Bukele y miembros de su gobierno han negado con vehemencia y en repetidas ocasiones la existencia de tratos con las principales pandillas del país –las dos facciones del Barrio 18 y la Mara Salvatrucha o MS-13– con el objetivo de reducir la tasa de homicidios.
Aunque el Departamento del Tesoro de EE.UU., durante la anterior administración, sancionó a dos de sus altos funcionarios -Osiris Luna, director de centros penales de El Salvador, y Carlos Marroquín, director de la Unidad de Reconstrucción del Tejido Social- señalándolos de haber participado en dichos diálogos.
Difícil decisión
También han salido del país periodistas con un perfil menos público, como una reportera de investigación que habló con BBC Mundo con la condición de que no se revele su identidad ni el medio para el que trabaja.
«El ambiente se empezó a poner muy pesado y estamos teniendo muchas interferencias para poder hacer nuestro trabajo», explica por teléfono desde un país vecino de El Salvador.
«Los soldados te retienen, te piden identificarte a pesar de andar con tus credenciales, te exigen borrar fotos o videos, aunque eso vaya contra la ley y haya un artículo de la Constitución que nos ampare», prosigue.
A raíz de ello, cuenta que tienen definidos unos protocolos de seguridad, que implican reportarse constantemente, evitar rutinas o usar canales de comunicación seguros.
Que una fuente la alertara de que su nombre estaba en una lista de «objetivos de arrestos prioritarios» hizo que decidiera salir del país prácticamente de la noche a la mañana.
«No lo pensé. No creo que sea un momento para sentarse a esperar», asegura.
