Comunicador, detective Angel Martinez sigue su viacrucis por los tribunales de justicia dominicano acusado de difamación e injuria

SANTO DOMINGO. -Junto a su abogado, el licenciado Carlos Manuel Mesa, Martinez se presentó este miércoles al Palacio de Justicia en la provincia de Valverde, donde un empresario de Mao interpuso una querella por difamación, injuria y supuesta extorsión por parte del comunicador y detective.

La semana pasada el abogado Robert Martínez, representante legal de Arismendi Almonte, dijo que decidieron querellarse en contra de Ángel Martínez,  a raíz de las informaciones que difundió por su canal de YouTube en contra del demandante.

“Decidimos querellarnos en Mao porque, aunque la imagen de Arismendi Almonte tiene una connotación nacional por sus emprendimientos empresariales, su persona está más ligada a la línea noroeste, por eso nos querellamos en la fiscalía de Mao”, sostuvo el jurista.

«Nos hemos querellado no solamente pidiendo una pena en contra del falso detective, sino también, una indemnización de 10 millones de dólares, si él tiene con qué pagarlo, ya lo veremos”, indicó.

Ángel Martínez apresado en RD

Ángel Martínez, residente en Miami fue apresado el pasado 26 de mayo por miembros de la Policía Nacional en la provincia Puerto Plata mientras estaba a bordo de una embarcación mar adentro

Su apresamiento fue tras una orden emitida en su contra, siendo declarado en rebeldía por la Novena Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional tras no presentarse en la sala en ninguna de las audiencias que se han celebrado por la demanda interpuesta en su contra por el diputado del PRM, Sergio Gory Moya también por presunta difamación e injuria.

A partir de ahí, varias son las querellas en la capital dominicana, como en Santiago que se le han sumado al comunicador, por lo que un juez de la Oficina de Atención Permanente del distrito judicial de esta última ciudad, donde se le impuso medidas de coerción con la colocación de un grillete electrónico, presentación periódica mensual ante las autoridades judiciales e impedimento de salida del país, como parte del proceso que se le sigue al imputado.

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