MIAMI.– El ciudadano dominicano Francisco Alberto Gómez Gómez, conocido como “Frico”, fue condenado a más de ocho años en prisión federal por su implicación en una estructura ilícita con conexiones entre el Caribe y Estados Unidos.
Según el Departamento de Justicia del Distrito Sur de Florida, operaba desde el conocido complejo turístico “Fricolandia”, ubicado en la costa norte de la República Dominicana, que era utilizado como fachada para actividades ilegales.
Aunque era promocionado como un espacio recreativo, Fricolandia funcionaba en realidad como centro logístico de una red dedicada al lavado de dinero y coordinación de envíos sospechosos, según las autoridades. En el lugar se celebraban reuniones privadas donde se planificaban acciones vinculadas a la estructura criminal, que ya venía siendo investigada por organismos internacionales.
La condena forma parte de una operación coordinada por el gobierno de los Estados Unidos para desmantelar redes criminales que operan bajo el amparo de negocios turísticos. Las instalaciones de Fricolandia eran utilizadas tanto para encuentros estratégicos como para facilitar movimientos de capital fuera del marco legal.
También fue vinculado al caso Alexander Iglesias Ventura, quien ya fue sentenciado previamente tras admitir que lavó más de 800 mil dólares derivados de estas operaciones. Ambos jugaron un papel clave en el desarrollo y funcionamiento del esquema, según documentos judiciales.
El caso se resolvió gracias a la cooperación entre agencias internacionales, análisis de inteligencia financiera y seguimiento de transacciones sospechosas. La Fiscalía resaltó que esta sentencia representa parte de una política más amplia para controlar el uso indebido de comercios turísticos en el lavado de activos y transferencias ilegales de dinero.
Como consecuencia, las autoridades estadounidenses han solicitado mayores controles sobre este tipo de negocios en zonas turísticas dominicanas, ante la posibilidad de que existan otras estructuras similares. Las investigaciones continúan, con el rastreo de propiedades, cuentas bancarias y bienes que podrían estar relacionados.
El caso de Frico plantea un nuevo enfoque sobre la importancia de la vigilancia económica en destinos turísticos, especialmente aquellos que han mostrado vulnerabilidades ante redes ilícitas que buscan legitimarse bajo la apariencia de negocios legales.
