SAN SALVADOR — El Congreso salvadoreño de mayoría oficialista aprobó el jueves la 47ma prórroga del régimen de excepción que suspende garantías constitucionales como parte de las estrategias de seguridad del gobierno del presidente Nayib Bukele para combatir a las pandillas.
La nueva prórroga estará vigente desde el 30 de enero y concluirá el 31 de marzo de 2026.La nueva prórroga estará vigente desde el 30 de enero y concluirá el 31 de marzo de 2026.
En su solicitud para extender la medida, el gabinete de Seguridad aseguró que el régimen ha ayudado a la reducción histórica de los índices de homicidios y la captura de más de 91.000 presuntos “terroristas”.
Advirtió sobre la necesidad de continuar con el estado de excepción para evitar un retroceso en el combate contra esos grupos que, dijo, han estado tratando de reclutar a jóvenes y menores en entornos escolares.
Señaló que aunque El Salvador ha logrado mantener el control interno sobre las estructuras criminales, entre ellas las pandillas, “demanda especial atención el contexto regional, en el cual han sido cometidos graves hechos delictivos», mencionando los recientes ataques de pandillas en la capital de Guatemala en los que murieron diez policías y llevó a las autoridades a decretar un estado de sitio.
Después de que en tan sólo un día de 2022 las pandillas asesinaron a 62 personas en todo El Salvador, el Congreso aprobó a fines de marzo de ese año el régimen de excepción a solicitud de Bukele para combatir a las pandillas, las cuales según las autoridades operaban en el 90% del territorio e impartían su propia justicia, extorsionaban y asesinaban.Después de que en tan sólo un día de 2022 las pandillas asesinaron a 62 personas en todo El Salvador, el Congreso aprobó a fines de marzo de ese año el régimen de excepción a solicitud de Bukele para combatir a las pandillas, las cuales según las autoridades operaban en el 90% del territorio e impartían su propia justicia, extorsionaban y asesinaban.
El estado de excepción suspende derechos fundamentales, incluido el de ser informado de los motivos de la detención y el de tener acceso a un abogado. Además, las fuerzas de seguridad pueden intervenir las telecomunicaciones sin orden judicial, y la detención sin audiencia se prolonga de 72 horas a 15 días.
Desde que entró en vigor la medida, las autoridades dicen haber capturado 91.00 acusados de pertenecer supuestamente a las pandillas o tener vínculos con estos grupos criminales. Bukele ha dicho que 8.000 personas que eran inocentes han sido liberadas.
Sin embargo, organizaciones defensoras de los derechos humanos aseguran que han registrado más de 6.000 denuncias efectuadas por víctimas bajo el régimen de excepción y documentado al menos la muerte de 470 personas bajo custodia de las autoridades.
