WASHINGTON. -La madrugada de este sábado, la Corte Suprema bloqueó temporalmente la deportación de un grupo de migrantes venezolanos residentes en Texas que, según alega la Administración Trump, pertenecen a pandillas.
El alto tribunal no concedió ni denegó la solicitud presentada por los abogados de los detenidos, sino que suspendió el proceso de deportación, que afecta a personas actualmente detenidas en la jurisdicción del Distrito Norte de Texas, a las que el Gobierno busca expulsar bajo la Ley de Enemigos Extranjero, una ley aprobada en 1798 que ha sido utilizada solo en tres ocasiones en la historia de Estados Unidos, en tiempos de guerra.
“Se ordena al Gobierno no expulsar de Estados Unidos a ningún miembro del supuesto grupo de detenidos hasta nueva orden de este tribunal”, declaró la breve orden.
Dos jueces conservadores, Clarence Thomas y Samuel Alito, no estuvieron de acuerdo con la decisión de la Corte Suprema, señaló la orden.
Casi al mismo tiempo, el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de Estados Unidos, con sede en Nueva Orleans, rechazó una solicitud de los presuntos pandilleros para detener las deportaciones en virtud de la Ley de Enemigos Extranjeros.
El viernes por la tarde, al menos un autobús fletado llegó al Centro de Detención Bluebonnet en Anson, Texas, una ciudad a unos 320 kilómetros al oeste de Dallas, donde se encuentran detenidos los hombres.
Funcionarios del Gobierno buscan deportar a los hombres, quienes, según afirman, son miembros de la pandilla Tren de Aragua. Existen importantes interrogantes sobre si el Gobierno tiene la autoridad para aplicar la Ley de Enemigos Extranjeros a pandilleros fuera de una situación de guerra y si las decisiones sobre la pertenencia a pandillas son precisas.
En la orden judicial, los jueces indicaron que la Administración Trump debería presentar una respuesta a la solicitud de la ACLU ante la Corte Suprema “lo antes posible”.
La acción de la Corte Suprema surge tras una decisión del 7 de abril, en la que el tribunal dejó claro que cualquier persona que el Gobierno desee deportar en virtud de la Ley de Enemigos Extranjeros debe tener la oportunidad de impugnar la decisión mediante recursos de hábeas corpus.
