«Al recibir a estas personas -incluidos niños, niñas y adolescentes-, detenerlas de forma arbitraria e ilegal por más de 60 días, negarles información adecuada y no garantizar el principio de no devolución, el Estado costarricense vulneró sus derechos a la salud, integridad física y emocional, así como sus proyectos de vida», asegura el informe.
El informe lo realizó el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), el Servicio Jesuita para Migrantes Costa Rica (SJM-CR) y American Friends Service Committee (AFSC), organizaciones de derechos humanos que el pasado 10 de abril realizaron una visita al Centro de Atención Temporal para personas Migrantes (CATEM), en Paso Canoas, frontera con Panamá, donde los migrantes fueron trasladados desde su llegada.
«En Estados Unidos, las personas detenidas afirman haber enfrentado condiciones que podrían constituir tratos crueles, inhumanos o degradantes (…). Muchas de estas personas fueron expulsadas y separadas de sus familias a pesar de haber solicitado asilo, sin recibir asesoría legal ni información sobre su situación jurídica», reveló el informe.
«Es decir, fueron detenidas de manera arbitraria e ilegal por más de 60 días», concluyó el informe.
La investigación además denunció que los migrantes no tuvieron acceso a información en sus idiomas, no se les realizó un análisis individualizado que abordara sus necesidades de protección internacional, y tampoco recibieron atención integral, por ejemplo, psicológica, por parte de instituciones del Estado costarricense.
Otro señalamiento indica que, mediante el programa de Retorno Voluntario Asistido de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), «algunas personas pudieron ser devueltas a países donde su vida o integridad corría riesgo, sin un análisis que garantizara el principio de no devolución».
En febrero pasado, Costa Rica recibió dos vuelos de migrantes deportados desde Estados Unidos, en los cuales viajaron 200 personas -entre ellas 81 menores de edad- originarios de Nepal, China, Rusia, India, Congo, Afganistán, Armenia, Azerbaiyán, Georgia, Ghana, Irán, Jordania, Kazajistán, Turquía, Uzbekistán y Vietnam.
Al momento de otorgar la categoría especial migratoria, permanecían en el CATEM 85 nativos. Además, 16 chinos solicitaron refugio y salieron del sitio, mientras que al menos 84 retornaron a sus países de manera voluntaria. Otros salieron del centro.
El informe de las organizaciones asegura que «las personas que continúan en el país se encuentran en un limbo, sin saber qué hacer ni cómo seguir con sus vidas».
«Costa Rica no debió aceptar ningún acuerdo que expusiera a personas residentes a violaciones de derechos humanos», indica el informe de las organizaciones, que también exigieron al Estado abstenerse de prácticas similares en el futuro.
Agencia EFE
