La libertad de expresión jamás debe estar bajo amenaza
Por Salvador Holguín, diciendo lo que otros callan
Existen momentos en la historia de una nación que definen el verdadero talante de un presidente. No son los discursos preparados ni los aplausos de ocasión los que engrandecen a un gobernante; es su capacidad para escuchar al pueblo cuando este alza la voz, aunque esa voz resulte incómoda para el poder. Esta semana, el presidente Luis Rodolfo Abinader tiene una de esas pruebas históricas.
Cuando periodistas, juristas, constitucionalistas, organizaciones de la sociedad civil y millones de ciudadanos coinciden en expresar preocupación por disposiciones del nuevo Código Penal que, a su juicio, afectaría drásticamente la libertad de expresión y la democracia dominicana, el deber de un estadista no es ignorar esas advertencias, sino más bien escucharlas con serenidad, analizarlas con responsabilidad y actuar con la visión que exige la defensa democrática del país. Porque hay principios que no admiten negociaciones.
La libertad de expresión no pertenece a los periodistas ni a los medios de comunicación, mucho menos a los gobiernos de turno. Pertenece al pueblo dominicano, es un derecho fundamental protegido por la Constitución y uno de los pilares sobre los que descansa cualquier sociedad verdaderamente democrática. Cuando una legislación genera el temor de que un periodista pueda pensar dos veces antes de publicar una investigación, que un ciudadano dude antes de denunciar un abuso o que un comunicador mida cada palabra por miedo a enfrentar consecuencias penales, la democracia tiene el deber de detenerse y revisar.
Diversos sectores han señalado como especialmente preocupante el artículo 310, relativo al llamado “ultraje a funcionarios públicos”, cuya redacción ha sido cuestionada por considerarse amplia y susceptible de interpretaciones que podrían afectar el escrutinio legítimo de quienes ejercen funciones públicas. A ello se suman las disposiciones sobre difamación e injuria, la ampliación de la protección penal del honor y conceptos jurídicos que, según numerosos juristas, requieren mayor precisión para evitar interpretaciones arbitrarias.
No se trata de negar la necesidad de un nuevo Código Penal, todo lo contrario, la República Dominicana necesita una legislación moderna que enfrente con firmeza el crimen organizado, la corrupción, los delitos tecnológicos, los feminicidios y otras conductas que el viejo Código, heredado del siglo XIX, nunca pudo prever.
Pero modernizar el derecho penal jamás debe significar abrir espacios para que la crítica, la investigación periodística o la denuncia ciudadana, puedan ser restringidas como si estuviéramos en una dictadura.
Los gobiernos democráticos se fortalecen cuando aceptan el disenso. Los autoritarismos comienzan cuando el poder deja de tolerar las preguntas incómodas.
La prensa libre nunca ha sido enemiga de la democracia, ha sido su principal aliada. Gracias a periodistas valientes se han destapado casos de corrupción, abuso de poder, violaciones de derechos humanos y graves irregularidades que jamás habrían salido a la luz si el miedo hubiese sustituido la verdad. Quien pretende gobernar una democracia debe entender que la crítica no es un delito; es el precio de ejercer el poder.
Por eso, presidente Luis Abinader, escuchar el clamor de la sociedad no sería una señal de debilidad, sería una demostración de liderazgo, y más usted y el PRM que no pueden olvidar que llegaron al Palacio Presidencial precisamente apoyado en mecanismos de expresión y libertad consignados en las leyes y la Constitución de la República.
Rectificar cuando existen preocupaciones legítimas no significa retroceder; significa gobernar con sensatez. Significa colocar la Constitución por encima de cualquier coyuntura política. Significa enviar un mensaje claro de que, en la República Dominicana, ningún interés estará por encima de las libertades públicas.
Los gobiernos pasan. Los congresistas pasan. Los funcionarios pasan. Pero los derechos fundamentales permanecen. Las leyes pueden modificarse, las libertades perdidas tardan décadas en recuperarse.
La historia no recuerda a los gobernantes por la cantidad de leyes que promulgaron. Los recuerda por las libertades que protegieron o por los derechos que permitieron vulnerar. Presidente Abinader, todavía está a tiempo de colocarse del lado correcto de la historia. Porque cuando un gobierno escucha al pueblo, gana la democracia.
Y cuando la libertad de expresión permanezca intacta, ganará para siempre la República Dominicana.
